POLÍTICA NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS: SIN CAMBIOS ESTRUCTURALES

El 1 de noviembre, tras más de 7 años de un proceso de diálogo, se aprobó en la etapa de Diálogo de la consulta previa la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040. Este proceso comenzó en 2019, cuando las organizaciones indígenas y el Ministerio de Cultura acordaron iniciar su formulación. La pandemia interrumpió el proceso, obligando a las organizaciones indígenas a exigir que no se avance con una consulta previa en modalidad mixta, que no garantizaba un diálogo intercultural real.

En 2022, la construcción participativa de la PNPI se retomó, llevando la discusión a las regiones y contando con la participación de delegados de las ocho organizaciones indígenas nacionales. En esta etapa se recopilaron más de 5.000 aportes, los cuales fueron defendidos y exigidos para su incorporación. Durante 2023 y 2024, las organizaciones indígenas realizaron ajustes fundamentales en el árbol de problemas, incorporando temas críticos como el derecho al consentimiento, participación, la discriminación, la jurisdicción indígena y su seguridad jurídica, el territorio integral como pueblos y no solo como comunidades, y la educación y salud intercultural.

En el marco de la elaboración de la Política, se realizaron reuniones con más de 30 sectores del Estado. Con indignación constatamos que muchos desconocen por completo sus obligaciones en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas u originarios. Los sectores más renuentes a incorporar cambios fueron MINAM, MIDAGRI, MIMP y MINJUS, mientras que entidades como ANA y MINEM se negaron a revisar cómo su actuación inconsulta afecta los derechos de nuestros pueblos.

En 2025 se ejecutó el proceso de consulta previa, con talleres macrorregionales en Moquegua, Cusco, Ayacucho, Chiclayo, Pasco e Iquitos. Luego culminamos la etapa de Evaluación Interna, y en la última semana de octubre culminó la etapa de diálogo, alcanzando un total de 116 acuerdos totales, 6 parciales y 8 desacuerdos.

Desde las organizaciones indígenas, lamentamos profundamente que el Estado peruano haya desaprovechado esta oportunidad para resolver los problemas estructurales que afectan a nuestros pueblos. Demandas vitales, como que la defensa pública asuma gratuitamente los procesos legales de comunidades afectadas por las economías ilegales como invasiones, narcotráfico, minería ilegal y monocultivos, fueron desatendidas por el Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia tampoco aceptó la exigencia de establecer un programa de reparaciones para familiares y deudos de líderes y lideresas indígenas u originarios asesinados o heridos como defensores en el cumplimiento de la defensa de nuestros derechos. En el ámbito de consulta previa, exigimos que el Estado revise todos los actos administrativos que beneficiaron a terceros invasores sin consulta previa, y que hoy vulneran gravemente los derechos de los pueblos originarios, declarándolos nulos. Esta medida buscaba resolver el problema estructural que habilita la ocupación de invasores y promueve persecución, amenazas y asesinatos contra líderes indígenas, incluyendo proyectos mineros, concesiones forestales, licencias de agua, lotes petroleros y predios agrícolas.

Sin embargo, el Estado rechazó esta propuesta. Realizamos una propuesta preventiva que permita garantizar la salvaguarda mediante una comunicación del MIDAGRI-GOREs para una anotación preventiva en la SUNARP al iniciar los procesos de reconocimiento, titulación, ampliación y creación o categorización de PIACI, sin recibir apertura de parte de las entidades estatales. Una demanda histórica de las mujeres indígenas, como la descentralización de los Centros de Emergencia Mujer para atender los graves casos de violencia contra mujeres y niñas indígenas, fue desestimada por el Ministerio de la Mujer, a pesar del creciente número de casos.

Asimismo, exigimos al Ministerio de Educación mantener la educación sexual integral para niñas y adolescentes indígenas, adaptada a la cosmovisión de cada pueblo y a sus conocimientos ancestrales de salud sexual y reproductiva, por la cantidad de violaciones y tocamientos indebidos a niñas y niños pertenecientes a los pueblos indígenas. Esta propuesta tampoco fue aceptada.

Después de 7 años de lucha, contamos con una Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040, que no representa un triunfo del gobierno, sino una herramienta más para que los pueblos indígenas u originarios podamos exigir nuestros derechos y defender nuestra existencia en todos los niveles de gobierno.

¡EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y LAS MUJERES INDÍGENAS!