DICTADURA CONGRESAL consuma grave violación de los derechos de los pueblos indígenas

El Congreso de la República ha perpetrado un nuevo atentado contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas al aprobar el reglamento del próximo Legislativo bicameral, eliminando la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología: el único espacio donde ese poder del Estado nos tomaba mínimamente en cuenta.

El nuevo reglamento fusiona dicha comisión con la de Mujer, Familia e Inclusión Social, en un intento por diluir nuestra existencia política. Esto ocurre en un contexto regresivo donde se precarizan nuestros derechos territoriales, se niega la participación política indígena y se impulsa una ofensiva conservadora contra los derechos de las mujeres y la igualdad de género. En otras palabras: quieren borrarnos de la agenda política del país.

Esta decisión se suma a vulneraciones sistemáticas orientadas a desaparecer a los pueblos indígenas u originarios del país. En más de treinta años de vigencia del Convenio 169 de la OIT, el Congreso sigue incumpliendo su obligación de implementar la consulta previa legislativa, pese a reiteradas demandas y mandatos judiciales. Tampoco ha aprobado la creación de una circunscripción electoral indígena, negando nuestra representación política directa, a pesar de que los Censos Nacionales de 2017 reconocieron que más de una cuarta parte de la población se autoidentifica como indígena.

Mientras el Congreso insiste en desconocer nuestros derechos, el Poder Judicial ha obligado a respetarlos. El 26 de enero de 2024, la Primera Sala Constitucional emitió una sentencia firme a favor de ONAMIAP y la Confederación Nacional Agraria (CNA), ordenando al Congreso realizar la consulta previa de las leyes que afecten a los pueblos indígenas y modificar su reglamento para garantizar este derecho, tal como establece el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa.

Al aprobar el nuevo reglamento sin consulta y eliminar la Comisión de Pueblos, el Congreso no solo vulnera nuestros derechos colectivos una vez más, sino que desacata una sentencia firme y se burla de la justicia. Es una nueva muestra de la dictadura congresal que busca consolidar un Estado autoritario y excluyente.

Las leyes aprobadas sin respetar el derecho a la consulta previa sostienen un modelo de despojo y desaparición de los pueblos indígenas. Cada norma aprobada sin nuestro consentimiento afecta directamente nuestros territorios, culturas y formas de vida; debilita la Educación Intercultural Bilingüe, impulsa la expansión de actividades ilegales y extractivas en nuestras tierras y perpetúa la exclusión estructural que enfrentamos como pueblos y mujeres indígenas. Estas decisiones son parte de una política sistemática de negación y desmantelamiento de nuestros derechos colectivos, poniendo en riesgo nuestra continuidad histórica.

Desde ONAMIAP denunciamos y rechazamos esta nueva maniobra del Congreso que busca borrar nuestra presencia política y social. Seguiremos resistiendo y luchando por el respeto de nuestros derechos, por la vida de los pueblos y mujeres indígenas y por la defensa de la Madre Naturaleza.

¡No más leyes sin consulta!