Los días 22 y 23 de junio, en la ciudad de Pucallpa mujeres indígenas amazónicas de las bases organizativas de ONAMIAP de las regiones de Ucayali, Loreto y Junín, se reunieron para analizar y dialogar sobre la Ley 31494, la cual permite que los comités de autodefensa, conformados por civiles, puedan portar armas. Las lideresas indígenas advirtieron que esta ley amenaza a las comunidades campesinas y nativas, promoviendo la violencia en sus territorios.
La llamada Ley CAD reconoce los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) como institución parte del sistema de seguridad ciudadana del país. La ley se promulgó sin haber pasado por un proceso de consulta previa, lo mismo que se refleja en la absurda decisión de permitir que civiles anden armados en territorios indígenas.
El reconocimiento de los CAD por el Estado, señalaron las participantes en la reunión, constituye un desconocimiento de las instituciones indígenas que ya administran justicia y mantienen el orden en sus comunidades, en ejercicio de su derecho a la libre determinación y la jurisdicción de justicia indígena.
ONAMIAP presentó observaciones sobre los peligros que implica esta ley antes de su promulgación, las mismas que fueron ignoradas. Las lideresas indígenas señalaron que, de haberse dado un proceso de consulta previa, esta ley no hubiese obtenido el consentimiento de las organizaciones indígenas.
Según la ley CAD, cualquier civil puede pertenecer a los CAD y portar armas. A eso se suma que tanto empresas privadas como el Estado pueden “donar” armamento a estos comités. Las hermanas indígenas amazónicas recalcan que esto solo generará corrupción, violencia y alianzas fraudulentas que pueden favorecer el narcotráfico y otras economías ilícitas.
Los pueblos indígenas han vivido en su territorio hace miles de años de forma pacífica y ordenada y rechazan cualquier tipo de ley ajena a sus propias instituciones, que atente contra la organización indígena y ponga en peligro sus vidas. Finalizando la reunión las dirigentas indígenas presentaron una carta ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos y los peligros que ocasiona esta ley.
ONAMIAP reitera su rechazo a esta ley que promueve la violencia en los territorios indígenas y responsabiliza al Estado peruano por las consecuencias violentas y corruptas que pueda traer la implementación de la esta norma.
