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Proyecto de ley fujimorista busca amnistiar a autores de crímenes de lesa humanidad

Un nuevo atentado contra los derechos humanos para garantizar la impunidad.


La Comisión Constitución del Congreso de la República aprobó el dictamen sobre el Proyecto de Ley 6951/2023-CR, "Proyecto de ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana", con la mayoría de votos de los grupos parlamentarios Fuerza Popular y Renovación Popular. El proyecto tiene como propósito otorgar la amnistía a policías, militares y funcionarios que vienen siendo procesados como consecuencia de los delitos cometidos durante la dictadura de Alberto Fujimori.


Este proyecto constituye un nuevo ataque al sistema de justicia por parte del fujimorismo, debido a que se trata de una medida regresiva que tiene por objeto generar la impunidad, vulnerar el derecho de las víctimas a que se sancione a los responsables de la comisión de delitos, además de consolidar la dictadura congresal que viene manejando el país y desarticulando la institucionalidad. Víctimas que, como lo demostró la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, fueron de pueblos indígenas en su mayoría.


Pese a que el Estado peruano ratificó el Estatuto de Roma, el que se encuentra vigente desde el año 2002, la dictadura congresal pretende asegurar la impunidad de delitos cometidos por la dictadura fujimorista, quebrantando las normas taxativas de Roma que establecen que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, debido a que representan la lesión grave a los derechos a la vida e integridad, en el marco de acciones o políticas sistemáticas de represión en un contexto de dictadura.


Con esta medida, la dictadura congresal pretende vulnerar la independencia y autonomía del Poder Judicial, con la finalidad de imponer a los jueces una interpretación normativa dirigida a archivar los procesos en los que vienen siendo acusados exfuncionarios por delitos de lesa humanidad. Ello implica una intromisión inconstitucional del Congreso en la actuación y el ejercicio de la jurisdicción del Poder Judicial. Y una nueva acción de regresión de los derechos humanos que debemos impedir.



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