La ultraderecha persiste en promover el retroceso en el reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Se opone a la educación, a la igualdad y a la memoria histórica. Estamos hablando del proyecto de ley 904/2021-CR que busca eliminar la educación sexual integral de la currícula escolar y una historia objetiva de los años de violencia política que azotaron al país, cuyo mayor número de víctimas fueron indígenas.
No son hechos ni temas aislados. Es parte de un sistema de dominación racista, machista y clasista. En el que juegan un rol importante los fundamentalismos políticos y religiosos. La educación sexual integral es un derecho universal, más urgente para las niñas y adolescentes indígenas por los altos índices de embarazo precoz y de violencia sexual que las afecta.
Una educación sexual integral debe recoger las voces de los estudiantes, varones y mujeres, para garantizar que se ajuste a sus necesidades diferenciadas, a sus culturas y modos de vida. El enfoque de género no consiste en dejar toda la responsabilidad sobre los hombros de las mujeres sino en educar también a los varones en los principios de igualdad.
Los fundamentalismos quieren incluso prohibir la medicina ancestral, pese a que existe una política sectorial de salud intercultural que fue sometida a un proceso nacional de consulta previa y aprobada el 2016. Esta política establece la obligatoriedad de los operadores de salud de respetar y promover nuestros sistemas indígenas de salud. Sin embargo, los y las profesionales maltratan y amenazan a las mujeres que hacen uso de ellos al acudir a los centros de atención.
El proyecto de ley pretende que los padres de familia (¿y las madres?) aprueben todos los contenidos y materiales educativos. Las mujeres indígenas siempre exigimos nuestra participación política, pero ésta no debe estar sujeta a la influencia de los fundamentalismos y, sobre todo, sí debe basarse en nuestras formas organizativas.
Esto, insistimos, forma parte de los mismos procesos promovidos por los movimientos de ultraderecha que se pronuncian permanentemente contra las políticas de género, desde una visión no solo machista sino homofóbica, negando el derecho a la diversidad sexual. Recordemos esa terrible frase pronunciada por el máximo representante del Opus Dei en el Perú: “los homosexuales no están en los planes de Dios”. El mismo (Luis Cirpriani) que se desproticó con palabras vulgares contra los derechos humanos.
Son los mismos que quieren sacar de la currícula escolar la historia de los años de violencia política. Tampoco éste es un hecho aislado: recordemos los ataques al monumento “El ojo que llora” que rinde homenaje a las víctimas de esa violencia, y al Lugar de la memoria. Quieren esconder que los pueblos y las mujeres indígenas estuvimos entre dos fuegos, que nos violaron, que nos secuestraron, torturaron y desaparecieron.
Exigimos que el proyecto de ley 904/2021-CR sea archivado de manera definitiva, que la igualdad de género y el derecho a la diversidad sexual sean promovidos desde la escuela. Que el Ejecutivo y el Legislativo recuerden la separación entre Iglesias y Estado. No permitamos el mínimo retroceso en el reconocimiento y garantía del ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
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