Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), rechazamos la ampliación que hizo el Congreso de la República de la ley de promoción agraria, más conocida como la Ley Chlimper, porque solo sirve para mantener los privilegios tributarios para la agroexportación, a costa de la explotación de sus trabajadores y de nuestros recursos naturales.
Créditos: Archivo fotográfico de ONAMIAP
Las bancadas mayoritarias del Congreso de la República han dado una prueba más de su servicio a los grandes grupos económicos y su desinterés por los derechos de las mayorías. Acaban de aprobar el mantenimiento de los privilegios tributarios para las agroexportadoras, mientras la agricultura familiar, aquella que provee más del 70% de los alimentos que consumimos en el Perú, está abandonada.
Según el MINAGRI, la agricultura familiar es una de sus prioridades. Pero no lo es en la práctica. Toda su política se orienta a promover la agroexportación, aquella que hoy concentra más tierras que las que tenían los grandes latifundios existentes antes de la Reforma Agraria de 1969. Y que acapara el consumo de agua.
En este tema, como en todo lo referente al modelo económico, el Ejecutivo y el Legislativo dejan de lado su supuesto enfrentamiento y están totalmente de acuerdo. En nombre de la “productividad” y la “competitividad” se esmeran en beneficiar a los grandes grupos económicos vulnerando derechos fundamentales.
Además de acaparar tierras y agua, los agroexportadores no otorgan los mínimos derechos laborales a sus trabajadores y trabajadoras. Los grandes monocultivos degradan los suelos. ¿Es esto lo que el Estado entiende por “competitividad”?
Los grandes consorcios de agroexportación son los que han sido responsabilizados por los incendios forestales en Brasil y Bolivia. Esto es arrasar con derechos, arrasar con la vida en nombre de la acumulación de riquezas.
Mientras tanto, para favorecer el acaparamiento de tierras, se sigue postergando la deuda histórica del Estado con nuestros pueblos indígenas, negándonos el reconocimiento de nuestros territorios ancestrales integrales, menoscabando día a día nuestros derechos colectivos, reconocidos constitucional e internacionalmente. Ignorando nuestro permanente aporte a la seguridad y la soberanía alimentaria, el cuidado de la biodeiversidad, de los suelos y las aguas.
Desde ONAMIAP, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la decisión de mantener privilegios tributarios para la agroexportación y exigimos cumplir con la promoción de la agricultura familiar, así como garantizar la protección de nuestros derechos colectivos en toda medida que el Estado implemente y que sea susceptible de afectarnos.