El cambio de gabinete ha sido otra oportunidad perdida para el presidente Pedro Castillo. El nuevo Consejo de Ministros mantiene a los hombres más cuestionados. Por mencionar solo a dos: el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, un neoliberal a ultranza, y el ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien no conoce ni le interesa nada sobre pueblos indígenas y estigmatiza como terrorista a toda persona que expresa el más mínimo cuestionamiento.
Después del desastre del gabinete Valer, Castillo pudo rectificarse, revertir el giro hacia la derecha y tratar de recuperar la confianza de quienes le dimos nuestros votos. Pero no, solo fue un “lavado de cara”, buscando más bien congraciarse con la derecha y seguir cediendo a sus presiones en nombre de la “gobernabilidad democrática”. Desde que sacó al profesor Héctor Béjar no ha logrado satisfacer a esa fuerza corrupta y empecinada en la vacancia presidencial.
¿Pero de qué gobernabilidad y de qué democracia hablamos? Gobernar para mantener una democracia falsa, que profundiza las desigualdades, que pisotea los derechos humanos individuales y colectivos, que destruye a la Madre Naturaleza. No votamos por eso: votamos por cambios estructurales. Y nuestra confianza fue traicionada.
El ministro de Economía y Finanzas continuará privilegiando a las empresas extractivas, lo que traerá más represión y criminalización. ¿Y cómo confiar en el ministerio de Cultura, supuesto ente rector de los derechos de los pueblos indígenas, si su pensamiento es represivo? ¿Qué ha hecho el Viceministerio de Interculturalidad por proteger nuestros derechos? Solamente dar migajas a algunas organizaciones para entretenerlas en diálogos sin capacidad decisión.
El Viceministerio de Interculturalidad, por citar un ejemplo, no ha dicho una palabra sobre el recorte o anulación de plazas para contratar docentes de Educación Intercultural Bilingüe, un derecho colectivo fundamental de los pueblos indígenas. El gobierno está retrocediendo en lugar de avanzar en el ejercicio de nuestros derechos. En estos funcionarios y funcionarias, definitivamente no podemos confiar.
Todo para las grandes empresas, nada de garantía de derechos ni de protección a la Madre naturaleza. Si antes le redujeron la sanción a Repsol por el derrame de 195 barriles ocurrido en el 2013, ¿ahora qué va a pasar?
Una vez más, los pueblos y las mujeres indígenas somos traicionados. Pero los cambios reales llegarán con la fortaleza de nuestras organizaciones y con nuestra movilización. Es un camino largo y difícil que estamos decididas a recorrer.
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