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No se trata solo de Keiko o Dina

Superemos la visión de defender la institucionalidad democrática colonial


Al cumplir seis meses instalada en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte confirmó que se quedará hasta julio del 2026, junto con un Congreso que tiene más de 90 por ciento de desaprobación ciudadana. Su política de ¿cuántos muertes quieren? se traduce en lo anunciado por Oscar Vera, quien ocupa el cargo de ministro de Energía y Minas, en entrevista con la agencia estadounidense Bloomberg: la dictadura está elaborando un plan para incrementar la militarización de las zonas mineras. Junto a ello, se anuncia la reactivación de los proyectos Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca, centros de los más agudos conflictos socioambientales. Su afán es “promover las inversiones” sacrificando los derechos de los campesinos y los pueblos indígenas.


Como toda dictadura, ésta necesita repartir recursos para comprar conciencias y así desmovilizar. Para ello recurren a la prebenda, pero también a la amenaza y la criminalización de líderes que se mantienen firmes en la agenda política que moviliza el estallido social. La dictadura y su brazo político, los medios de comunicación, refuerzan la narrativa: el peligro de un próximo gobierno “más radical” que el del presidente Pedro Castillo. Porque el propósito es frenar cualquier iniciativa de cambio, peor aún sí proviene de “abajo”: racismo y clasismo consustanciales al sistema.


El saldo de la imposición de Dina Baluarte en Palacio es de 67 muertes, según la Defensoría del Pueblo, y agudización de la criminalización: discursos contra los derechos humanos, que llegan al pedido de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; ataques desde el gobierno central, los gobiernos regionales y municipales contra toda manifestación que preserve la memoria de lo ocurrido; persecución contra medios de comunicación alternativos; designación de un Defensor del Pueblo a su medida. Y el próximo ingreso de más de mil militares de Estados Unidos al Perú, ¿para afianzar la represión?


Desde ONAMIAP no olvidamos que cierto sector de la izquierda y las ONG se alinearon con las fuerzas golpistas contra el presidente Pedro Castillo. Participaron de la vacancia ilegal e inconstitucional. No les importó que el fujimorismo – en alianza con AP y RP- llegara al poder, de la mano de Dina Boluarte, con tal de que Pedro Castillo saliera del gobierno. Tuvo que ocurrir la masacre en Ayacucho para que “abran los ojos”.


En este contexto se anuncia la “Tercera Toma de Lima”, con “un despertar” de los liderazgos “centristas y demócratas” que salen a defender la “institucionalidad democrática”. Pero ¿qué democracia e institucionalidad se defiende? La Tercera Toma de Lima debe significar también la poda de las visiones racistas y coloniales. Tenemos que ser “radicales”, ir a la raíz de los problemas para apostar por un cambio real. Porque no se trata de Boluarte o la anunciada candidatura de Keiko Fujimori: se trata de una dictadura de la clase dominante que lleva más de quinientos años, se trata de descolonizar el poder. La academia y las ONG deben comprender su verdadero rol, de apoyo y no de dirección, de respeto a los movimientos sociales.


Para los pueblos y las mujeres indígenas esta no es una lucha solo contra dictaduras con nombre y apellido. Son batallas por la memoria, por horizontes de vida, por imaginarios descolonizados. No por derechos humanos en papeles y discursos, sino por saldar la deuda histórica del Estado y la sociedad con nuestros derechos colectivos, por el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad. Es un camino largo y difícil, de lucha y resistencia contra el sistema. Parte de él es la construcción de un momento constituyente. La disputa no es entre fujimorismo o no fujimorismo, no es por candidaturas: es la disputa entre la vida y la muerte, entre la continuidad del colonialismo y un horizonte político de Buen Vivir y Vida Plena.



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