ONAMIAP participó en audiencia del Tribunal Constitucional que vio demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 31973.
La ley 31973 que modifica la Ley Forestal contraviene la Constitución y las leyes y solo favorece a los invasores que destruyen nuestro territorio y están buscando desparecer a los pueblos originarios y su cultura, sostuvo Ketty Marcelo López, presidenta de ONAMIAP, en la audiencia del tribunal Constitucional que vio hoy la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la llamada “Ley Antiforestal”.
Durante la audiencia, en la que ONAMIAP participó como tercero interesado, Ketty Marcelo señaló que los pueblos indígenas hemos sido históricamente sistemáticamente invadidos y despojados de nuestros territorios, desde la invasión española, pasando por la época del caucho y en la actualidad por actividades extractivas legales e ilegales. “Buscan desaparecer a los pueblos originarios, a nuestras culturas, frente a lo cual exigimos el derecho a la vida”, subrayó.
Tanto la presidenta de ONAMIAP como los y las representantes de las demás instituciones demandantes, enfatizaron que la Ley Antiforestal es inconstitucional porque no fue sometida a consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995.
Ketty Marcelo recordó que ONAMIAP es una organización indígena que ha obtenido una sentencia favorable en enero de este año, en la que la Primera Sala Constitucional, en instancia definitiva, ha ordenado al Congreso cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT e implementar la consulta previa para medidas legislativas.
“La ley 31973 debió ser consultada, tal cual lo señala el Convenio 169 y la jurisprudencia de este Tribunal, porque afecta derechos de pueblos indígenas, como el territorio, la libre determinación, el acceso a la justicia y el ambiente sano y equilibrado. Pero además esta ley debió ser consultada porque las organizaciones indígenas participamos en la formulación de la Ley Forestal, incluso uno de los principios de la Ley es la consulta previa”, insistió la dirigenta.
Incidió en que la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 31973 elimina la obligatoriedad de la zonificación forestal, legalizando otorgar derechos sobre cualquier parte del territorio boscoso, sin que medie ningún parámetro técnico o ambiental, simplemente con el fin de facilitar el lucro a costa de la destrucción de la Madre Naturaleza.
Esta disposición transitoria no solo es antiambiental, inconstitucional y colisiona contra otras normas de rango legal, sino que también es discriminatoria porque a las comunidades indígenas sí se les seguirá exigiendo el estudio de suelos para lograr titular sus territorios en procesos que demoran más de 10 años, mientras que el Estado no exigirá el mismo requisito a los taladores o agricultores, por el contrario, brindará facilidades a esos invasores de nuestros territorios.
Además, esta ley, formalizará a los invasores que ya vienen realizando actividades ilegales en nuestros territorios y que constantemente nos vienen amenazando y atentando contra nuestras vidas. Porque la disposición complementaria final señala que los invasores que cuenten con títulos de propiedad o constancias de posesión también estarán exceptuados de realizar la clasificación de tierras.
De acuerdo a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, entre los años 2020 a 2023 se registraron anualmente en promedio 4220 casos de delitos contra los bosques y hoy con esta ley todas esas denuncias quedarán en impunidad, advirtió.
Los representantes de las demás instituciones demandantes señalaron que la Ley 31973, al eliminar la zonificación forestal y permitir el cambio de uso del suelo, hace que cualquier bosque pueda ser explotado. Esto pese a que cada año en el Perú se deforestan 150 mil hectáreas y que la principal causa de cambio climático es precisamente la deforestación. Se está destruyendo la política del ambiente, advirtieron. Con ello, agregaron, se vulnera el principio de progresión y no regresividad de las leyes.
Advirtieron que el Ministerio de Agricultura pretende formalizar ocho millones de hectáreas que ya han sido deforestadas, lo cual multiplicará los conflictos socioambientales. Y dará impunidad a 42 mil casos de delitos ambientales y a las más de 300 mil hectáreas de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana, mafias que ya han causado el asesinato de 46 líderes indígenas.
Por su parte, el procurador del Congreso de la República se empeñó en desestimar la obligatoriedad de someter esta cuestionada norma a consulta previa. Pretendió convencer a los magistrados del tribunal Constitucional que no afecta a lo pueblos indígenas, que más bien “se le está dando protección a las comunidades”. Aunque sostuvo que no elimina la zonificación, la calificación de tierras ni el cambio de uso, agregó que no lo hace “de manera general”.
Intervinieron también representantes de monocultivos, a favor de la Ley 31973. Algunos de ellos reconocieron ser ex cocaleros ilegales. Argumentaron la defensa de la actividad agrícola, silenciando que ésta no puede desarrollarse en zonas declaradas de uso forestal.
Al respecto, la presidenta de ONAMIAP dijo que la Ley Antiforestal favorece la expansión de monocultivos que deforestan, contaminan con agroquímicos y secan las fuentes de agua. “No queremos más destrucción, no más actividades ilegales en nuestros territorios. El Tribunal Constitucional debe declarar inconstitucional esta norma para frenar avance de las mafias, para proteger nuestra continuidad histórica”, finalizó.
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