Bases organizativas de ONAMIAP desmentimos el mito de “Perú país minero”.
El Estado otorga beneficios tributarios a la minería porque la agenda política la dicta la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Peruanas (CONFIEP) y dentro de la CONFIEP el gremio más poderoso es la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, concluyeron las participantes en el taller “Justicia fiscal: ¿Perú país minero?”.
Este taller se realizó en Lima en el marco del Encuentro Nacional de Consulta que reunió a dirigentas y lideresas de las bases organizativas de ONAMIAP. En él confirmamos que toda la propaganda del Estado y las empresas acerca de los “grandes aportes” de la minería al país no es más que un mito.
“La minería no aporta nada, solo destruye”, señalaron las participantes, luego de comprobar que esta actividad extractiva, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) ocupa el tercer lugar en aportes por Impuesto a la Renta, después de los servicios y el comercio. Es más: su aporte sumado al de los hidrocarburos por este concepto es de solo 14.5%, menos de la tercera parte de los servicios (46.6%). Esto significa que quienes más aportan son los pequeños empresarios. A esto se suma que la minería ocupa los últimos lugares en la generación de empleo.
Pese a ello, la minería es sujeta de beneficios tributarios, como la depreciación acelerada, la deducción del impuesto a la renta de tercera categoría por inversión en infraestructura que constituya servicio público y la devolución del Impuesto General a las Ventas durante la exploración.
Hay más: aún existen cinco proyectos mineros que gozan de convenios de estabilidad tributaria: Toromocho (hasta el 2027), Las Bambas (hasta el 2029), Antapaccay (hasta el 2027), Cerro Verde (hasta 2031) y Constancia (hasta 2030). Mediante estos convenios, el Estado peruano renuncia a ejercer su poder soberano de aplicar nuevos tributos a determinadas empresas o proyectos, así como a modificar o suprimir los que existen al momento de su suscripción. Fueron creados con la Ley General de Minería, en 1992, durante la dictadura de Alberto Fujimori.
En el taller examinamos también las millonarias deudas tributarias en litigio de las empresas mineras. Las Bambas ocupan el primer lugar de ellas con más de 2600 millones de soles. Le siguen otras 15 compañías mineras con deudas tributarias en litigio que van desde los 27 hasta los 800 millones de soles. “¿Cuántas escuelas y puestos de salud podrían hacerse en nuestras comunidades?”, se preguntaron las participantes.
Y es que el Estado califica nuestros derechos como “servicios” y frente a la pobreza implementa políticas asistencialistas contrarias a nuestros modos de vida que además tienden a desmovilizarnos. Lo mismo hacen las empresas mineras con sus “programas de responsabilidad social”, cuyos costos descuenta de sus pagos por Impuesto a la Renta. Con estos programas, el Estado delega a las empresas privadas su obligación de ejecutar programas y proyectos para garantizar derechos. Ambas modalidades constituyen también una forma de eludir impuestos. Y las obras ejecutadas no son sometidas a consulta y consentimiento previos, libres e informados.
Este taller fue realizado por ONAMIAP en el marco del proyecto “Mujeres indígenas fortalecen sus capacidades hacia la soberanía y transición energética justa en el Perú”, implementado por ONAMIAP con el apoyo de OXFAM.
