Rechazamos anulación de la sentencia declarada por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Ucayali.
El Estado no solo incumple su deber de proteger las vidas y los derechos de indígenas que defendemos nuestros territorios, además obstaculiza la justicia para nuestros muertos. Es lo que ocurre con el caso Saweto, en el que cuatro líderes indígenas fueron asesinados y se ha anulado la sentencia dictada contra los responsables de este delito.
Hace nueve años, el 1 de setiembre de 2014, Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo fueron asesinados cuando iban a una reunión con líderes indígenas de Brasil. Por este caso, los madereros Hugo Soria Flores, Euricio Mapes Gómez, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix fueron sentenciados a 28 años de prisión. El juicio se inició en junio de 2022 y la sentencia se dictó en febrero de 2023, nueve años después del crimen.
Justicia que tarda ya no es justicia. Y el 29 de agosto la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró nula la sentencia. Esta sala está integrada por los jueces Hermógenes Lima Chayña, Federik Rivera Berrospi y Jonatan Basagoitia Lima. Con su decisión, todo lo actuado hasta el momento regresará a otro colegiado en primera instancia para que se inicie un nuevo juicio oral. ¿Las familias, comunidades y pueblos deberán esperar diez años más?
En solo un año, entre 2020 y 2021, en plena pandemia de COVID-19, 12 líderes indígenas fueron asesinados. No podemos permitir la impunidad. Exigimos justicia para nuestros muertos.
Exigimos la ratificación del Acuerdo de Escazú. ¡Sin justicia no habrá paz!
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