El Estado incrementa la criminalización de la protesta, la defensa de nuestros derechos y modos de vida y de la Madre Naturaleza.
Frente al creciente rechazo de los impactos de la minería en nuestros modos de vida, nuestros derechos indígenas y la Madre Naturaleza, el Estado incrementa la criminalización de la protesta, en su desesperación por profundizar el capitalismo extractivista. Esta vez son once personas sentenciadas a entre ocho y diez años de cárcel por protestar contra el proyecto minero Las Bambas. Exigimos la anulación de estas sentencias.
Recordemos que ya se han producido muertes en la represión de las protestas de las comunidades impactadas por la minería en Las Bambas. Esto es parte de la política de exterminio contra los pueblos indígenas, una continuidad del colonialismo, en la que el Estado sirve a los grandes poderes económicos en lugar de cumplir con su obligación de implementar y proteger nuestros derechos colectivos e individuales, entre ellos el derecho a la protesta.
Mientras criminalizan, encarcelan y asesinan a hombres y mujeres indígenas por defender nuestros territorios ancestrales integrales y a la Madre Naturaleza, Las Bambas es una de las mayores deudoras tributarias y el Estado no hace nada por exigir el pago de esa cuantiosa deuda.
En septiembre del 2015, la minera decidió, sin consulta ni consentimiento, previos, libres e informados, modificar su estudio de impacto ambiental, luego de incumplir múltiples compromisos asumidos con las comunidades. Las comunidades iniciaron una huelga con bloqueo de vías.
Por este legítimo ejercicio de su derecho a la protesta, el el juez Andrés Flores Aguilar, del Juzgado Unipersonal de Tambobamba, ha sentenciado a once personas por os delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos. Y les exige “reparaciones civiles” de cincuenta mil soles y cho mil dólares.
Los sentenciados son Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronal Andrés Bello Abarca, Juan Pablo Cconislla Gallegos, Jacinto Lima Lucas, Alem Torres Garces, Maximiliano Huachaca Mamani, Hugo Américo Huillca Peña, Walter Moreano Andrade, Romualdo Ochoa, Lisbeth Abarca Peña, Cosme Bolívar Escudero, todos ellos autoridades comunales y dirigentes de organizaciones.
Exigimos la anulación de las sentencias. ¡Basta de criminalización y represión del ejercicio de nuestros derechos!
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