El Congreso de la República ha promulgado la “Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD) y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana”, Ley 31494. Esta norma promueve un paramilitarismo financiado por el Estado o el sector privado y vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
La Ley 31494 vulnera nuestros derechos a la autonomía y la jurisdicción indígena, porque crea organismos paralelos a los que no correponde ejercer justicia. Además promueve organizaciones paralelas al establecer que su acreditación estará en manos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (artículo 4). Y su artículo 10 dispone que los CAD pueden reglamentar el derecho consuetudinario.
Su artículo 8 es grave, porque señala que los CAD pueden adquirir, por compra o donación por parte del Estado o particulares, las armas de uso civil autorizadas por los ministerio del Interior y de Defensa. Las empresas extractivas podrían organizar sus comités para reprimir las protestas de las comunidades. También podrían hacerlo las mafias ilegales que persiguen, amenzan y asesinan a líderes y lideresas indígenas: tala y minería ilegal, narcotráfico, traficantes de tierras e incluso tratantes de personas.
El mismo artículo 8 dice que los CAD usarán las armas para apoyar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Esto implica el riesgo de institucionalizar la estigmatización como “terroristas” a quienes defendemos nuestros derechos individuales y colectivos. Y desatar una represión indiscriminada.
También vulnera nuestro derecho al consentimiento previo, libre e informado. Recordemos que el 22 de abril del año pasado, el Pleno del Congreso aprobó con 98 votos a favor y 9 en contra, SIN CONSULTA NI CONSENTIMIENTO el Dictamen de los Proyectos de Ley 5424 y 5679 que reconocen los CAD. De inmediato, ONAMIAP solicitó al Poder Ejecutivo que observe este dictamen.
El entonces presidente Francisco Sagasti la observó el 2 de julio del 2021 porque vulnera los derechos de los pueblos originarios y la devolvió al Congreso, donde permaneció encarpetada hasta que ayer la promulgó la presidenta del Congreso María del Carmen Alva y hoy fue publicada en el Diario oficial El Peruano.
Exigimos la inmediata derogatoria de esta ley. Alertamos que, de no ser así, recurriremos a instancias internacionales.
Comentários