Propuesta legislativa no ha sido sometida a consulta ni consentimiento y vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas
Una nueva amenaza del Congreso de la República contra los derechos de los pueblos indígenas está a punto de concretarse y urge detenerla: la modificatoria de la Ley PIACI para extinguir las reservas indígenas y permitir el despojo territorial por empresas extractivas. Hablamos del Proyecto de Ley 3518/2022-CR, que busca modificar la Ley 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
Este proyecto no ha sido sometido a consulta y consentimiento previo, libre e informado, como lo exige el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995 y que, como instrumento internacional de derechos humanos, tiene aplicación inmediata y no necesita reglamentación, lo que invalida el argumento de que la consulta legislativa no ha sido reglamentada.
El Proyecto de Ley 3518 es una amenaza para el derecho a la vida y a la subsistencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto, porque su cuarta disposición final crea una Comisión Revisora, facultada a revocar o extinguir las reservas indígenas ya conformadas por el Estado. Es decir, crearía una herramienta para eliminar la única salvaguarda legal que protege la vida de los PIACI -las reservas indígenas- y se permitiría el ingreso y saqueo del territorio, consumándose un genocidio, debido a la alta vulnerabilidad de su integridad física.
Con ello atenta también contra su derecho a la integridad, un derecho fundamental que históricamente ha sido negado a los pueblos indígenas u originarios del mundo, que hemos sido explotados, colonizados, asesinados, desaparecidos y asimilados por los Estados, cuya obligación es proteger el derecho a la integridad física, mental y cultural de los pueblos indígenas; en principio por ser una cuestión de justicia, pero también como una forma de reparación histórica.
Los pueblos indígenas tenemos derecho a la propiedad y posesión del territorio que ancestralmente ocupamos, aun cuando sean pueblos nómades -como lo son los PIACI-. Y este proyecto de ley atenta contra su derecho al territorio porque flexibilizar la normativa que protege sus territorios y condiciona a intereses económicos la creación de nuevas reservas indígenas. Juno con ello, vulnera el derecho al acceso a los bienes naturales que sus territorios albergan.
La existencia de los PIACI no puede estar sujeta a controversia. Indiscutiblemente los PIACI existen y resisten. Sin embargo, sucesivos gobiernos regionales han desatado una campaña negacionista en contra de la existencia de nuestros hermanos PIACI, para otorgar concesiones mineras, forestales, predios agrarios, entre otros derechos de terceros en territorios de pueblos indígenas.
ONAMIAP ha remitido una carta a la congresista Diana Carolina Gonzales Delgado, presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, exigiendo el archivamiento definitivo de este proyecto de ley, con todas las razones expuestas y explicándoselas personalmente en una reunión sostenida con ella.
¡Basta de vulneraciones a nuestros derechos fundamentales! ¡Archivamiento del proyecto de ley anti-PIACI!
Comentarios