A un año de la matanza de Ayacucho consumada por la dictadura de Dina Boluarte y el Congreso, las mafias que han secuestrado el parlamento de la república han aprobado un paquete de normas inconstitucional, contra convencional, regresivo y violatorio de los derechos de la Madre Naturaleza y los pueblos indígenas u originarios.
Ayer 14 de noviembre el Congreso terminó de capturar el Tribunal Constitucional, eligiendo un séptimo “magistrado” del mismo sector que pretende desconocer el sistema interamericano de derechos humanos. Ayer también se modificaron artículos del código penal para limitar la colaboración eficaz, y con ello favorecer a todos los que vienen siendo investigados por la comisión de delitos como crimen organizado, corrupción, minería ilegal, entre otros.
Evidentemente esta modificación normativa beneficia directamente a la mayoría de los congresistas, los cuales están inmersos en investigaciones penales. En ese mismo pleno, se eliminaron las elecciones primarias y aprobaron impedirle en la práctica a los movimientos regionales participar en los procesos electorales. Además de todo ello se aprobó una modificación INCONSULTA a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
El 24 de noviembre de 2022, ONAMIAP remitió una carta al Congreso de la República solicitando que se allane a las observaciones formuladas por el Ejecutivo en relación con la Autógrafa 649/2021-CR, 894/2021-CR Y 2315/2021-CR “Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal” y que se archive definitivamente. Sin embargo, esta iniciativa legislativa fue aprobada ayer, al caballazo, sin haber sido agendada en el pleno y AUN CUANDO EL PROPIO CONGRESO LA HABÍA ARCHIVADO EN MARZO DE ESTE AÑO.
Esta ley ha sido aprobada en violación de los derechos a la participación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, pero además es una ley que PROMUEVE LA DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA, facilita el otorgamiento de derechos sobre los bosques sin que se haya culminado la zonificación forestal. Como ONAMIAP hemos cuestionado la ley forestal porque tampoco fue objeto de un proceso de consulta, sin embargo, mayores retrocesos son inadmisibles.
En el Perú el Estado ha promovido sistemáticamente la agricultura en la Amazonía, otorgando predios agrarios, muchos de ellos se superponen al territorio colectivo ancestral de los pueblos indígenas y han significado una forma de despojo territorial. Pero además de ello, como se sabe, para realizar actividades agrícolas en la Amazonía se ha tenido que deforestar millones de hectáreas de bosque, siendo la deforestación una causa principal de la crisis climática que actualmente enfrentamos.
Como ONAMIAP somos muy críticas al rol ineficaz que viene desempeñando el Ministerio del Ambiente en la protección y defensa de nuestro ambiente, y que continuará si no se logran reformas estructurales que superen la visión hacia la naturaleza como recurso económico y abandonemos el modelo extractivista actual. Sin embargo, nos manifestamos en contra de que dicho Ministerio ceda facultades al MIDAGRI para el otorgamiento de derechos a terceros sobre los bosques. Esto porque existe abundante evidencia de que una de las principales causas de la crisis climática es la deforestación con fines agrarios.
EXIGIMOS al Ejecutivo interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ley recientemente aprobada, en consecuencia, con las observaciones formuladas al texto de la autógrafa. Solicitamos un pronunciamiento de los organismos de protección internacional de derechos humanos y las embajadas. E instamos a las organizaciones indígenas y a la sociedad civil a cerrar filas frente a los retrocesos del gobierno.