Día Internacional de la Mujer Indígena 2025: levantamos la voz contra la amnistía y la salida del SIDH

Las mujeres indígenas no callamos: en nuestro día, levantamos la voz contra la amnistía y la salida del SIDH

El 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, no es una fecha conmemorativa más. Es una jornada de memoria y de lucha, en la que las mujeres indígenas de los Andes y la Amazonía levantamos la voz frente a un Estado que insiste en negarnos derechos, borrar nuestras luchas y garantizar impunidad para los responsables de crímenes contra los pueblos. En esta ocasión denunciamos la reciente promulgación de la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso y refrendada por el Ejecutivo, que perdona a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa procesados por graves delitos cometidos entre 1980 y el 2000.

Pretenden hacernos creer que esta norma es un acto de reconciliación o de humanidad. Pero no lo es. La ley de amnistía es, en realidad, un pacto de impunidad que blinda a quienes fueron responsables de masacres, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales que marcaron de manera brutal a las comunidades indígenas. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cerca del 75% de las más de 69 mil víctimas mortales del conflicto armado interno fueron quechuahablantes y campesinas y campesinos de las regiones más pobres y excluidas del país. En esa violencia, las mujeres indígenas fuimos blanco específico de agresiones sexuales sistemáticas que el Estado pretende archivar en el presente bajo el discurso de la “pacificación”.

No olvidamos que durante esos años y los posteriores, la violencia estatal también tomó otras formas. Una de las más graves fue la política de esterilizaciones forzadas durante la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventa, que afectó a más de 270 mil mujeres, la mayoría quechuahablantes, campesinas y pobres. Fue una política racista y patriarcal que buscó exterminar nuestro futuro como pueblos. A casi tres décadas de esos hechos, seguimos sin justicia ni reparación. La actual ley de amnistía es un nuevo intento de cerrar la puerta a esa justicia que nos corresponde y de garantizar que los responsables de estos crímenes de lesa humanidad nunca respondan ante los tribunales.

Este contexto se agrava con la insistencia del Legislativo y el Ejecutivo en impulsar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Se trata de una amenaza directa a uno de los pocos caminos que nos quedan para acceder a la justicia, luego de que en el ámbito nacional nuestras denuncias son archivadas, olvidadas o utilizadas políticamente. El SIDH ha sido, para miles de víctimas, un espacio de esperanza y de exigencia frente a la agresión estatal. Sacar al Perú de este sistema significaría aislarnos, negarnos la posibilidad de verdad y reparación, y consolidar un escenario de total impunidad.

Las mujeres indígenas enfrentamos una violencia política que no se limita al pasado. En la actualidad, nuestra participación en los espacios de decisión es limitada por un racismo estructural que nos margina y nos criminaliza cada vez que levantamos la voz. La represión de las protestas sociales de 2022 y 2023, con más de 50 asesinados —en su mayoría hermanos y hermanas andinas y amazónicas—, demuestra que la violencia política contra los pueblos indígenas no es un capítulo cerrado de la historia, sino una política permanente del Estado.

A esto se suma el hostigamiento contra lideresas y líderes indígenas que defienden sus territorios frente a las economías extractivas legales e ilegales, lo que revela que la negación de nuestros derechos continúa y se profundiza. Por eso exigimos la ratificación del Acuerdo de Escazú, que el Estado deje de ser protector o cómplice de las empresas y las mafias que destruyen y despojan nuestros territorios. Las mujeres indígenas protegemos a la Madre Naturaleza.

En este Día Internacional de la Mujer Indígena reafirmamos que no aceptamos ni aceptaremos leyes de impunidad, ni silencios forzados, ni políticas que busquen borrar nuestras memorias. La memoria es un derecho, la justicia es un derecho, la reparación es un derecho, y ninguna ley puede negarlos. Recordamos a nuestras hermanas esterilizadas, a las mujeres violentadas en el conflicto armado, a las víctimas de las masacres recientes, y a todas las que día a día resisten en sus territorios. Nuestra voz no se apagará con leyes injustas ni con amenazas autoritarias.

Hoy, desde ONAMIAP, denunciamos al Estado peruano por su sistemática política de racismo e impunidad, exigimos justicia y reparación integral para todas las víctimas del conflicto armado interno y de las esterilizaciones forzadas, y rechazamos la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La lucha de las mujeres indígenas no es solo por nosotras, es por el futuro de nuestras hijas e hijos, por la vida de nuestros pueblos y por el derecho a existir con dignidad.

Desde la memoria de lucha y resistencia de nuestras ancestras, de Bartolina Sisa ejecutada cruelmente el 5 de septiembre de 1782, de Micaela Bastidas, Juana Azurduy y tantas otras que nos dejaron su ejemplo, reafirmamos en este tiempo que la historia nos ha enseñado que sin justicia no hay democracia, que sin verdad no hay reconciliación y que sin mujeres indígenas no habrá un Perú justo ni libre. Por eso ratificamos nuevamente nuestra resistencia. Porque aunque pretendan borrarnos, aquí estamos, seguimos y seguiremos luchando.