Congreso otorga impunidad a violadores de derechos humanos

El Congreso de la República, en una nueva afrenta directa a la justicia, la memoria histórica y los derechos humanos, aprobó este miércoles 9 de julio de 2025, en segunda votación, un dictamen de ley que otorga amnistía a militares, policías y comités de autodefensa procesados o sentenciados por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado interno que asoló al Perú país entre 1980 y 2000.

Con 16 votos a favor, 11 en contra y sin abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso ratificó la medida, impulsada por parlamentarios ultraconservadores como Jorge Montoya, exjefe militar y autor del proyecto, y Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y Régimen, quien defendió la iniciativa ante el pleno con la narrativa de “reparar la deuda moral del Estado” y “corregir la violación al plazo razonable” en los procesos judiciales.

Esta ley representa una peligrosa extensión de la impunidad y un atentado contra la justicia para las más de 70,000 víctimas del conflicto armado interno, en su mayoría hombres y mujeres de pueblos indígenas, hermanos y hermanas de las zonas rurales y más pobres del Perú, quienes sufrieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) documentó que el 75% de las víctimas fatales eran indígenas quechuas, asháninkas y de otros pueblos originarios, habitantes de zonas rurales marginalizadas, revelando un patrón de violencia sistemática, racista y selectiva. El informe de la CVR también identificó la responsabilidad estatal en crímenes de lesa humanidad, incluyendo masacres como la de Accomarca, la represión sistemática en comunidades campesinas y la violación de los derechos más elementales de la población. Este dolor histórico no puede ni debe ser olvidado ni silenciado.

El dictamen aprobado otorga amnistía a quienes se encuentren denunciados, investigados, procesados o incluso sentenciados sin una resolución firme, vinculados a delitos cometidos entre 1980 y 2000. También incluye la amnistía humanitaria para militares y policías mayores de 70 años que cumplan condenas o penas privativas de libertad, permitiendo su salida inmediata.

Este proyecto se presenta bajo la falsa premisa de que los procesos judiciales se han extendido de manera irracional y que los acusados merecen un cierre a su incertidumbre legal, sin importar la gravedad de los delitos cometidos ni el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Y que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Esta norma ha sido denunciada enérgicamente por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado fechado el 26 de junio de 2025, exhortó al Estado peruano a abstenerse de aprobar cualquier tipo de amnistía que favorezca a responsables de graves violaciones de derechos humanos, recordando la obligación internacional del Perú de garantizar justicia efectiva a las víctimas.

Desde ONAMIAP denunciamos con toda nuestra fuerza y convicción la aprobación de esta ley de amnistía, la cual constituye un retroceso intolerable para la justicia y los derechos humanos en el Perú.

Rechazamos cualquier intento de legitimar la impunidad. La justicia no puede ni debe ser negociada ni limitada por intereses políticos o económicos. No aceptamos que se siga ocultando la verdad ni que se silencie el clamor de memoria, justicia y reparación. Exigimos al Ejecutivo que no promulgue esta ley. Exigimos al Congreso reconsiderar esta decisión y priorizar la justicia, la memoria, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Perú.

¡No habrá paz sin justicia, ni reconciliación sin verdad!