Desde La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), hacemos un llamado al Gobierno para que priorice el derecho a la salud por encima de los intereses empresariales, pues no es posible de que, en plena emergencia sanitaria, el gobierno siga sin tomar el control de todo el sistema de salud.
Loreto es una de las regiones más afectadas por el coronavirus: 1502 casos confirmados y 59 fallecidos. El sistema de salud regional ya colapsó. No solo se necesitan ventiladores mecánicos para las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sino también balones de oxígeno y material médico para los pacientes de coronavirus. Las 7 camas de UCI son insuficientes hace tiempo. Y la única planta de oxígeno para fines médicos de Loreto solo puede dar 150 balones de oxígeno al día, cuando lo necesario son 600.
Dos médicos fallecieron ayer y 140 están infectados.
Desde hace semanas, el Colegio Médico del Perú viene pidiendo ayuda al gobierno para que atendiera a Loreto, pues el deficiente sistema de salud de la región no permitiría prevenir ni contener el contagio generalizado del coronavirus. Incluso, pidieron tomar acciones legales para evitar los trámites burocráticos. Sin embargo, nada. Los balones de oxígeno continuaron demorando en llegar desde Lima, al igual que las medicinas e implementos para proteger a los médicos que aún sin tener lo necesario tratan de salvar vidas, mientras arriesgan las suyas.
Ante la falta de decisión política del gobierno para atender a Loreto, el día de ayer, el Vicariato Apostólico de Iquitos decidió hacer una colecta para comprar una planta de oxígeno en una región donde cada balón se vende a tres mil soles. En pocas horas, logró recaudar más de un millón de soles. Y hoy mismo inician las coordinaciones para que Loreto tenga la planta de oxígeno más grande del país.
En días como estos, donde las cifras de infectados aumentan por miles de un día a otro, sabemos que una situación de emergencia exige medidas de emergencia por parte del Gobierno. Y, sin embargo, en estos precisos momentos, la salud es negocio para miles de empresas, donde las del rubro de salud lucran con la necesidad del país. Es el caso de los proveedores de oxígeno o de materiales médicos. Y todo esto, porque el Estado sigue apelando a la solidaridad de las empresas, en lugar de ponerlas al servicio de la vida y la salud de las personas. Por ejemplo, una gran empresa, como Plus Petrol, tiene plantas de oxígeno industrial en Andoas y Trompeteros, que pueden adaptarse para producir oxígeno medicinal. Y así abastecer a Loreto. Pero hasta ahora el gobierno no ha dicho nada al respecto.
Unos días atrás y ante la presión de las organizaciones sociales de Loreto, la Ministra de la Producción, Ingred Barrios Alvarado, encargada de la región Loreto, anunció que se construirá un hospital itinerante que demorará en construirse, al igual que su anuncio de 400 balones de oxígeno que tardará por lo menos dos semanas en llegar, tiempo suficiente para que la pandemia termine por destruir a todo Loreto.
La emergencia sanitaria por el coronavirus se ha salido de control. Pero para el gobierno, según sus propias lecturas de estadística, la curva se está aplanado. La realidad no coincide con ello. Y realmente preocupa que en este contexto de muerte el Gobierno decida tener voluntad política para priorizar la ayuda a las empresas que exigen autorización para despedir legalmente, aumentar su capital y empezar a funcionar cuanto antes.
La reanudación de actividades productivas empieza por la minería, precisamente la que lleva el mayor número de contagios a nuestras comunidades campesinas y nativas.
Nuestro país va camino a un desastre nacional que ya se vive en regiones como Loreto. Y es por ello, que una vez más, desde ONAMIAP, hacemos un llamado al Gobierno para que priorice el derecho a la salud por encima de los intereses empresariales. No es posible de que en plena emergencia sanitaria, el gobierno apele a la solidaridad de las empresas y siga sin tomar el control de todo el sistema de salud (público y privado). Mientras contamos a nuestros muertos por miles, existen empresas que lucran con esta emergencia. Más ingresos para el sector privado mientras el Estado asume todo el costo, con gran parte de los hospitales y postas que colapsaron y otros que están por colapsar con la cantidad de infectados que aumentan exponencialmente, mientras esperan ser atendidos o fallecer por no ser atendidos oportunamente. Estamos en emergencia, señor Presidente. La salud es un derecho. No un negocio.
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