Aprueba dictamen para evitar ser demandado por sus leyes inconstitucionales, buscando ser más intocable
La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un dictamen favorable de los proyectos de ley 04145/2022-CR, 04672/2022-CR y otros, que reforman el Código Procesal Constitucional para bloquear futuros procesos constitucionales que cuestionen el accionar autoritario que viene teniendo el Parlamento.
Con esta gravísima iniciativa legislativa el Congreso consolidaría su dictadura eliminando la posibilidad de presentar recursos judiciales efectivos contra las normas inconstitucionales que viene aprobando, además busca que el Estado Peruano se desvincule de la jurisprudencia de la Corte IDH, la cual reconoce estándares interamericanos de los derechos de los pueblos y las mujeres indígenas.
El dictamen ha sido aprobado por la Comisión que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien hace poco promovió directamente normas para la prescripción de delitos de lesa humanidad, debilitar las prerrogativas de investigación contra la criminalidad organizada, entre otras, evidenciándose así el claro interés del fujimorismo en desmontar la precaria institucionalidad en derechos humanos y favorecer a las economías ilegales. Este dictamen ha sido aprobado también con los votos del cerronismo y el partido de Acuña, Alianza para el Progreso, consolidándose también esa alianza criminal contra la ciudadanía en pleno.
De aprobarse esta ley, se dejará en total indefensión a las organizaciones que venimos resistiendo y litigando en contra de los embates de la dictadura, en la medida que textualmente crean el artículo 79-A en el código procesal constitucional señalando que “los jueces rechazan los procesos constitucionales y medidas cautelares que cuestionen el ejercicio de atribuciones del Congreso relativas a altos funcionarios, PROCESO LEGISLATIVO, juicio y antejuicio político, vacancia y suspensión presidencial”. De esa manera deja la exclusividad de esos cuestionamientos a los procesos de inconstitucionalidad y de competencia. Además, el dictamen también plantea modificaciones en esos procesos de control normativo.
Recordemos que ONAMIAP ha demandado al Congreso en relación con el cumplimiento de la consulta previa legislativa, y a pesar de haber ganado en la instancia definitiva, el Congreso no ha cumplido la sentencia. En ese sentido, esta ley bloquearía que las organizaciones indígenas cuestionemos el procedimiento legislativo que viola nuestros derechos a la participación, consulta y consentimiento, entre otros.
Otra modificación gravísima del dictamen aprobado es que modifica el artículo VII del código procesal constitucional, señalando que el Estado peruano solo está vinculado a las sentencias adoptadas por los tribunales internacionales en los procesos donde el Perú es parte, dejando fuera cuantiosa jurisprudencia que reconoce estándares de derechos humanos. Con esta modificación se atenta contra los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida que el Convenio faculta a la Corte Interamericana a interpretar las disposiciones de la Convención, siendo esta interpretación vinculante para todos los Estados parte, independientemente de si están involucrados en la petición.
Hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, movimientos sociales, sociedad civil, academia y organismos internacionales a pronunciarse en contra de esta iniciativa legislativa y a articular acciones urgentes.
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