Dina Boluarte se negó ayer, 6 de junio, a responder a las preguntas de la procuraduría y de la defensa de las víctimas en la diligencia que realizó la fiscalía como parte de la investigación preliminar por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Su silencio lo dice todo y se escuda en él para eludir su responsabilidad.
Al usurpar el cargo de presidenta ella usurpa también el de jefa suprema de las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú. Como tal, es la responsable política de las muertes. Recordemos cómo en cada uno de sus mensajes a la nación y conferencias de prensa saludaba el accionar policial contra las movilizaciones y que incluso les otorgó bonos por reprimir y disparar a matar.
Su presidente del consejo de ministros Alberto Otárola había dicho que Dina Boluarte respondería todas las preguntas. Y no lo hizo. Lo cierto es que no podemos confiar en esta investigación porque el sistema de justicia forma parte de la dictadura y solo garantizará la impunidad.
Insistimos en nuestra demanda: que una comisión especial internacional se encargue de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, en un proceso transparente que garantice sanción a los responsables directos y los responsables políticos.
¡Verdad justicia y reparación para nuestros hermanos asesinados!
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