Las mafias continúan asesinando a las autoridades comunales que defienden nuestros territorios colectivos y modos de vida. Esta vez segaron la vida de Benjamín Flores Ríos, de la comunidad Mariscal Cáceres, pueblo Kakataibo, ubicada en la región Ucayali. Hace menos de un mes, el 29 de noviembre, fue Quinto Inuma Alvarado, apu de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, pueblo Kichwa, ubicada en la región San Martín.
En ambos casos fueron muertes anunciadas. Benjamín Flores había sido amenazado de muerte hace una semana por cocaleros. Quinto Inuma había sido golpeado en julio del 2021 por denunciar la destrucción de los bosques por las mafias de narcotráfico. Una vez más, el Estado es cómplice de los asesinatos de autoridades indígenas con su inacción. La comunidad Santo Rosillo está enfrentando al narcotráfico desde el año 2017 y ese es un hecho público.
Nos solidarizamos con las familias, las comunidades y los pueblos de los defensores territoriales asesinados. Exigimos que
sus muertes no queden impunes. Son dos muertes en menos de un mes. Demandamos una profunda investigación y acciones concretas de protección. ¡No más asesinatos de líderes, lideresas y autoridades indígenas! ¡El Estado está obligado a proteger nuestras vidas y nuestros derechos! ¡La inacción es complicidad!
