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ALERTA: CULTURA ALISTA REFLAMENTO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL SIN ENFOQUE DE DERECHOS DE PUEBLOS

El pasado 28 de abril el Congreso aprobó SIN CONSULTA PREVIA una modificatoria a la Ley General de Patrimonio Cultural y ahora el Ministerio de Cultura está elaborando el reglamento de esa ley, nuevamente sin consulta previa y sin siquiera informar a las organizaciones indígenas.


La modificatoria de la ley aprobada y el reglamento que está en elaboración no tienen ni una sola mención a los pueblos indígenas u originarios. Esta mirada estatal del patrimonio cultural es muy preocupante porque solo refuerza la visión colonial de un Estado Nación que no considera a los pueblos indígenas como sujetos de derechos. El patrimonio cultural es la historia de nuestros ancestros, los “sitios arqueológicos” son la herencia de nuestra ciencia y tecnología ancestral; las “momias” de sus museos son los cuerpos difuntos de nuestros ancestros; los sitios “turísticos” son nuestros lugares de conexión espiritual con nuestro territorio y nuestra historia; el “patrimonio inmaterial” es nuestra cultura viva que persiste y resiste.


Expresamos nuestra preocupación porque las modificaciones en ciernes afectan nuestros derechos a la propiedad ancestral, identidad cultural, realización de prácticas tradicionales, libre determinación, libre espiritualidad, participación, consulta y consentimiento de las mujeres y pueblos indígenas. La nueva normativa plantea criterios genéricos vinculados al “uso adecuado del bien cultural y su impacto en la economía local”, los que son definidos por el Estado excluyendo el derecho colectivo de los pueblos indígenas a la libre determinación de su modelo de desarrollo, que los faculta a determinar la utilización de los bienes en armonía con su identidad cultural, lo que no necesariamente se condice con aspectos estrictamente económicos como impone la modificatoria en concordancia con el proyecto de Reglamento.


Estas modificaciones autorizan a realizar, sin evaluación previa ni consulta y consentimiento, intervenciones a los bienes culturales indígenas para ejecutar obras de infraestructura y proyectos de inversión concesionados, aun cuando afecten los territorios ancestrales. El tratamiento es aún más restrictivo cuando la modificatoria subordina los bienes al “interés público” y a las “limitaciones establecidas en las medidas administrativas”, considerando que ambas medidas normativas admiten intervenciones graves a los bienes que requerirían compensaciones por la imposibilidad de su restitución, con el único propósito de promover proyectos de inversión.


En concreto las modificaciones buscan flexibilizar la normativa para facilitar la rentabilización de la “experiencia turística”, promover grandes hoteles, restaurantes y la construcción de otros espacios dentro del patrimonio cultural sin consulta ni consentimiento de los pueblos indígenas, quienes somos los dueños ancestrales de nuestros territorios y sin importar si esas construcciones podrían ocasionar daños irreparables al patrimonio, en la medida que se establece la figura de las “compensaciones”.


Es indignante que, a más de 200 años de creada la República, el Estado mantenga una visión de objeto de estudio y de promoción turística sobre el patrimonio, a espaldas de los pueblos indígenas. Exigimos consultas previas con consentimiento para la declaratorias de patrimonio en las que nos expliquen qué efectos tendrán sobre nuestros derechos individuales y colectivos. Exigimos ser consultadas sobre la normativa que regula el patrimonio para coadyuvar a preservar nuestra historia ancestral, como lo venimos haciendo autónomamente desde hace más de 500 años. Y exigimos respeto por nuestros territorios y herencia ancestral.



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