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Actividades mineras que no han sido sometidas a consulta previa son ilegales

Foto: Diario Jornada


El anuncio de una medida totalmente legal, que forma parte de los mecanismos de instalación de una concesión, ha despertado las iras de los poderosos empresarios de la Confiep y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La Presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez solo habló del plan de cierre de las minas del sur de Ayacucho y de inmediato las presiones y amenazas empresariales se hicieron sentir.


Las provincias ayacuchanas de Parinacochas, Paucar del Sarasara y Lucanas iniciaron el 28 de octubre un paro indefinido contra la contaminación minera en las cabeceras de Cuenca de esa región. El paro fue suspendido con el anuncio de los planes de cierre. 


No se tratra, como dicen los empresarios y la derecha, de una medida “arbitraria e ilegal”, porque el plan de cierre está contemplado en las normas mineras. La ilegalidad está en la propia la presencia de esas minas, porque sus proyectos jamás fueron sometidos a consulta previa, libre e informada y menos obtuvieron el consentimiento de las comunidades afectadas. Es más: de acuerdo con el derecho internacional, toda posible operación minera debe ser consultada antes de otorgar las concesiones correspondientes.


Pero la Confiep dice que anunciar planes de cierre “justifica la violencia”, “genera inestabilidad”, “vulnera el estado de derecho” y “desalienta la inversion privada”. Falso. Quienes justifican la violencia son quienes llaman a la represión y la criminalización de la protesta. Quienes generan inestabilidad son quienes financian las permanentes campañas contra el gobierno y “terruquean” a quienes exigimos ejercicio de derechos. Quienes vulneran el estado de derecho son quienes se oponen a que el Estado cumpla con su obligación de realizar consultas previas de todo proyecto que pueda impactar en nuestros derechos. No se trata de desalentar la inversion privada sino de que ésta cumpla con los estándares internacionales de derechos.


Otro argumento de los empresarios y la derecha es que ninguna entidad del Estado ha comprobado los impactos ambientales. Eso, de ser cierto, no significa que tales impactos no existan. La Prelatura de Caravelí ha señalado que una de las minas está ubicada debajo de una laguna, cabecera de Cuenca del río Yauca, que da agua potable y riego a las provincias de Lucanas, Parinacochas y Caravelí. Que yan han muerto decenas de vacas por beber esas aguas contaminadas. Y que los productos agrícolas de la zona pueden contener metales pesados que afectarían también a los consumidores de la costa.


No son hechos aislados, las actividades extractivas, en particular la minería, son fuente permanente de conflictos sociales. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, actualmente hay 84 conflictos sociales que involucran a empresas mineras en el Perú.


Demandamos al gobierno no ceder a las presiones de los poderosos, así como garantizar el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento, previos, libres e informados, antes de otorgar concesiones para actividades extractivas y antes de cada etapa del proceso minero.


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