𝙉𝙤 𝙣𝙤𝙨 𝙦𝙪𝙚𝙙𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙚𝙣 𝙡𝙖𝙨 𝙚𝙣𝙘𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖𝙨: 𝙝𝙖𝙮 𝙦𝙪𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙚𝙧𝙞𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙧 𝙚𝙡 𝙧𝙚𝙥𝙪𝙙𝙞𝙤 𝙥𝙤𝙥𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙚𝙣 𝙢𝙤𝙫𝙞𝙡𝙞𝙯𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙥𝙤𝙧 𝙘𝙖𝙢𝙗𝙞𝙤𝙨 𝙚𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨.
La crisis económica hace tiempo que se siente en los estómagos. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, reconoció lo obvio: estamos en recesión. Las proyecciones de crecimiento económico son negativas y los expertos calculan que la inflación anual llegará a 5.69%. ¿Ahora, de quien es la responsabilidad? Ya no tienen al presidente Pedro Castillo para culparlo de todo. Como en tiempos fujimontesinistas, los medios de comunicación buscan distraer a la opinión pública con enfrentamientos entre bandas delincuenciales.
Mientras tanto crece el rechazo a la dictadura: Dina Boluarte tiene una desaprobación de 90%, el Congreso alcanza una de 80% y ahora se suma con un 65% de desaprobación la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La sensación de impunidad ahoga, los organismos internacionales de derechos humanos han constatado graves violaciones de derechos humanos en la represión de las protestas populares. A casi un año de instalada la dictadura, más de setenta familias siguen demandando justicia. Las masacres no deben quedar impunes.
La ultraderecha se siente cómoda y triunfante para seguir imponiendo su agenda antiderechos. Hoy el Congreso amenaza con remover a toda la Junta Nacional de Justicia, la entidad autónoma que nombra y ratifica a jueces y fiscales. También ataca al Jurado nacional de Elecciones. Un sector de las izquierdas se escandaliza e invita a movilizarnos para defender la institucionalidad democrática. Ya no recuerdan su apoyo al Law Fare contra el presidente Pedro Castillo.
A los poderes de facto, a esa clase política y empresarial nunca les ha importado la democracia o el estado de derecho. Su único interés es contar con una legislación favorable y la “estabilidad política” para mantener sus privilegios. Por eso hoy su propósito es perpetuarse en el poder, no importa quién se siente en el sillón presidencial.
Quien lo usurpa ahora, Dina Boluarte, insensible a las crisis económica, política y climática, sin mostrar remordimiento alguno por las más de setenta muertes en las protestas sociales, se pasea por el mundo.
Las crisis económicas no son solo las variaciones en cifras abstractas: se evidencian en los impactos en los territorios y en las dinámicas sociales. Es momento de cuestionar el modelo de sociedad en que vivimos. Por ello, como organización indígena continuamos exigiendo justicia y rechazamos esta dictadura encabezada por una asesina e insensible señora. Exigimos un Estado que reconozca y respete nuestros modos de vida.
El reto del movimiento social es materializar el rechazo popular en organización, articulación y movilización por cambios estructurales que garanticen vidas y derechos.
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