El derecho a la consulta previa es la principal garantía para la defensa del territorio ancestral
𝑶𝑵𝑨𝑴𝑰𝑨𝑷 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒐́ 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒔𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑫𝒊𝒂́𝒍𝒐𝒈𝒐 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒎𝒆́𝒓𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒂 "𝑳𝒐𝒔 𝑷𝒖𝒆𝒃𝒍𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒅𝒊́𝒈𝒆𝒏𝒂𝒔 𝒚 𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝑱𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂❞, 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒓𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒍 75 𝒂𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑫𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝑯𝒖𝒎𝒂𝒏𝒐𝒔.
Este encuentro tuvo como objetivo abordar las problemáticas y desafíos que enfrentan los Pueblos Indígenas u Originarios (PPIIOO) en América Latina para ejercer sus derechos y acceder a la justicia efectivamente. El encuentro se realizó en la ciudad de Santiago de Chile y contó con la participación de líderes y lideresas indígenas, magistrados de las cortes de justicia de distintos países de latinoamerica, defensores de derechos humanos, juristas especialistas y representantes de los organismos de protección de derechos humanos.
ONAMIAP participó en la mesa temática: El acceso a justicia ambiental y la defensa del medio ambiente, espacio en el que se compartió sobre los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas u originarios en el Perú para efectivizar los mecanismos de defensa de los territorios.
En ese sentido, señalamos sobre la importancia de que en el país se reconozca de la madre naturaleza como sujeto de derecho, como lo hicieron los países vecinos de Ecuador y Bolivia, desde el reconocimiento de las cosmovisiones ancestrales de los pueblos y las mujeres andinas y amazónicas. Recordamos que en el 2020 ONAMIAP presentó una propuesta de proyecto de ley para el reconocimiento de los derechos de la madre naturaleza, la cual fue archivada por el lobby extractivista en el Congreso.
Uno de los planteamientos de nuestra participación en este espacio fue destacar la importancia de la aplicación efectiva de los derechos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado en el país como herramienta que permita garantizar la defensa del territorio ancestral de los PPIIOO.
Asimismo, respecto de estos derechos, alertamos que en el Perú es el Estado el principal violador de este derecho, en la medida que implementa muy pocos procesos de consulta de forma previa y, de esos pocos aplicados, no se respetan los estándares internacionales de este derecho, por lo que se hace necesaria una adecuación normativa. Fuimos enfáticas al señalar que, frente a la vulneración del derecho a la consulta, el sistema de justicia peruano no cuenta con una vía judicial efectiva directa y especializada para accionar, ni de ningún otro derecho de los Pueblos Indígenas.
La vía actual para accionar frente a la violación al derecho a la consulta es el proceso de amparo en la vía constitucional; sin embargo, en marzo del año pasado tuvimos una Sentencia regresiva del Tribunal Constitucional Peruano Exp. N° 03066-2019-PA/TC que desconoce que la consulta es un derecho fundamental, e incluso que el Convenio 169 ostenta rango constitucional en el ordenamiento jurídico del país y que por lo tanto el proceso de amparo no es la vía idónea para la protección de la consulta. Si bien posteriormente ha habido otras sentencias que revirtieron esa postura en parte, sigue siendo una realidad que no hay posiciones uniformes que garanticen los derechos de los Pueblos Originarios en el sistema de justicia peruano, lo que retarda e incluso deniega el acceso a la justicia en nuestro país.
Otra de las preocupaciones expuestas en la mesa temática fue que el Estado peruano desconoce el derecho al consentimiento previo libre e informado de los PPIIOO y con ello viola el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y les quita la posibilidad de decidir sobre sus territorios y sobre sus generaciones futuras.
Esperamos que nuestros aportes sean incorporados en la Declaración de Visión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Cumbre del Futuro de 2024.