En la actualidad, el crecimiento económico de nuestro país no ha significado una mejora para la vida de las mujeres indígenas, sino, por lo contrario, la política de inversión impulsada en base a las industrias extractivas ha significando un deterioro en las condiciones de vida de los pueblos y de las mujeres indígenas, pues si bien es cierto su incorporación ha sido en mayor medida al mercado laboral, están trabajando como mano de obra barata en la mayoría de los casos, su pago es menos que a los hombres (representa el 56% del ingreso a los varones) en condiciones inadecuadas y sin respeto de sus derechos.
A esta situación, hay que agregarle que el trabajo familiar no remunerado sigue siendo femenino y la crisis económica significa que los varones y las mujeres más jóvenes emigren de las comunidades, quedando las labores productivas y reproductivas a cargo únicamente de las mujeres, trabajo que no es reconocido en las estadísticas.
La presencia de industrias extractivas en los territorios indígenas no se traduce en una mejora de nuestras condiciones de vida, aunque en ciertos casos proporcione fuentes de trabajo a algunos de los comuneros. Esto también significa una recarga de trabajo de las mujeres, que tienen que afrontar las labores productivas que comparten con los varones. Por otra parte, alrededor de las industrias se generan actividades que ponen en riesgo la integridad de las mujeres, que muchas veces son engañadas y llevadas a las localidades donde se ejecutan los proyectos para ser prostituidas u obligadas a realizar servicio doméstico o trabajar en bares, en situación casi de esclavitud.
Las nuevas formas de cultivo, el impulso a aumentar la producción y la influencia de la cultura dominante han incidido en que se debiliten los valores tradicionales y se pierdan rituales que dan cuenta de lo que los pueblos indígenas consideran como sagrado y que por lo tanto debe ser sujeto de agradecimiento y reciprocidad, como, por ejemplo, el pago a la pacha mama, adoración a las plantas, ceremonia a la siembra.