Ante los últimos datos publicados sobre la pobreza en Perú, desde el Estado se barajan soluciones insuficientes y cortoplacistas. Frente a ello, mujeres indígenas andinas y amazónicas reflexionan y construyen una propuesta de economía emancipatoria desde sus conocimientos ancestrales.

Los resultados revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) revelaron que la pobreza monetaria aumentó por segundo año consecutivo, alcanzando al 29% de la población nacional. Es decir, 3 de cada 10 peruanos son pobres, con ingresos monetarios que no superan los 446 soles mensuales.
La publicación de estos datos no sorprende. En el 2022, el Informe sobre la desigualdad global 2022, analizado por Latinometrics, situó al Perú como el cuarto país más desigual del mundo, con el 1% de población más rica del país ganando entre el 25% y 30% del ingreso total del país.
Entre los factores que explican esta situación están: la inflación, la recesión económica, la crisis climática y la corrupción, que deterioran las condiciones de vida de la población. Algunos analistas calculan que reducir la pobreza a niveles como los del 2016 (donde promediaba el 20%), tardará un promedio de 20 años.
Frente a ello, la respuesta del régimen no fue solo una inicial censura a la publicación de resultados, también se sumaron las declaraciones de Boluarte intentando atribuir a las protestas sociales contra su ilegítimo gobierno como causa del aumento de la pobreza.
El premier Adrianzén, por su parte, declaró que en el marco de la “reactivación económica” tiene firmado Chavimochic, y están impulsando los proyectos Majes Siguas y Alto Piura, frente a la crisis económica y alimentaria. Sin embargo, como recientemente lo evidenció un informe de Oxfam, el 3.5% del presupuesto público está destinado al sector agrario, “en el cual se prioriza la agricultura de exportación o empresarial con grandes proyectos hídricos en la costa de Lambayeque, Ica y La Libertad”, no dando una solución efectiva para mitigar los impactos adversos que vienen enfrentando las familias agricultoras en comunidades indígenas y zonas rurales del Perú, siendo las mujeres indígenas las principales afectadas por estas sucesivas crisis.
No solo desde el Ejecutivo se han impulsado este tipo de medidas poco eficaces en nombre de la “reactivación económica”. En la misma línea, desde el Congreso se han propuesto y aprobado leyes que pretenden incrementar la deforestación y atentar contra los derechos de pueblos indígenas, tales como la modificación de Ley Forestal y la propuesta de modificatoria de Ley PIACI, que pretenden permitir el despojo territorial por empresas extractivas en territorios indígenas.
“Ahora el Congreso ha aprobado la modificación de la Ley Forestal. Van a venir ´colonos´ y van a concesionar nuestros territorios. Como yáneshas hemos vivido más de 3500 años y con esa ley nos quieren invadir y desaparecer”, señaló Feliciana Gaspar, presidenta de la Organización de Mujeres Amazónicas de la Nación Yánesha (OMANAYA), quien denuncia que la vulneración a sus territorios es también un grave atentado contra la integridad cultural de los pueblos indígenas.
Es decir, desde el Estado se pretende dar aparentes soluciones que terminan siendo insuficientes, cortoplacistas, y que ―incluso―, a largo plazo, continúan agudizando las causas del incremento de la pobreza y desigualdad estructural.
Más allá de la emergencia: cuestionar el modelo.
“Antes nuestra agricultura era de lo mejor, ahora me da pena que tantos jóvenes de las comunidades están dejando sus comunidades y solo los mayores trabajan en la tierra, ¿qué va a pasar en unos años más? ¿vamos a comer cemento?”, señala preocupada Silvia La Torre, dirigente quechua de la Federación de Mujeres Campesinas de Anta (FEMCA), en Cusco. La crisis climática pone en riesgo el vínculo histórico que los pueblos indígenas tienen con su territorio. “Ahora estamos en un riesgo por el agua, vivimos del momento y no analizamos bien todos estos problemas que están ocurriendo. ¿De qué vamos a vivir si se acaba la agricultura?”, advierte.
La agricultura familiar, sostenida principalmente por los pueblos indígenas y la población rural, está sumida en una profunda crisis, de acuerdo con el reciente estudio de Oxfam. Entre las razones, está la ausencia de una adecuada atención de política pública en los últimos treinta años.
Frente a ello, desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, y sus bases organizativas vienen reflexionando cómo la crisis climática ha afectado a la agricultura familiar ―concebida desde el derecho que tienen los pueblos indígenas a la seguridad y soberanía alimentaria― y, en general, sus modos de vida como pueblos indígenas.
Karen Huere, joven dirigente asháninka de Junín, señala: “Si nosotras cuidamos nuestros bosques, semillas y huertos, ya no vamos a estar esperando del mercado para recién poder consumir y tendremos otras alternativas para nuestra alimentación, nuestra salud (a través de las plantas medicinales) y educación (mediante conocimientos ancestrales)”, y precisa que “las economías que nos imponen destruyen a la Madre Naturaleza”.
Misma reflexión comparte Fabiola Quichua, dirigenta de la Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho (FEREMIA): “El gobierno ve el extraer dinero de nuestra Madre Naturaleza. Ellos no la ven como si fuera una vida. Ellos la ven como objeto, como recurso”, sostiene. Por su parte, una dirigenta yánesha en la comunidad nativa El Milagro, en Pasco, denuncia: “Nos dicen que es desarrollo… Matan, venden, sacan leyes que explotan y destruyen a la Madre Tierra. Con la carretera, abren camino a madereros, y los indígenas somos arrinconados”.
(Re)pensar en una alternativa al “desarrollo”
ONAMIAP ha asumido el reto de construir una nueva propuesta de política nacional de economía emancipatoria, que precisamente recoja los saberes de mujeres y pueblos indígenas a través de un proceso de reflexión colectiva desde sus bases organizativas de mujeres indígenas en territorios andinos y amazónica.
En el 2022, los impactos de las sucesivas crisis derivaron en que el 42% de hogares agrarios se encuentre en pobreza, aunque se estima que para este año la cifra se incremente, teniendo un mayor impacto en las mujeres indígenas y rurales, quienes representan el 30% de la población productora del sector agropecuario.
“Creemos que esto no es una crisis climática únicamente, es el capitalismo y extractivismo que causa este calentamiento global. Por eso, es importante fortalecernos como organizaciones de mujeres para que nuestras voces sean escuchadas. Pues, desde ya, los pueblos indígenas somos parte de la solución contra la crisis climática, porque somos quienes cuidamos el agua, los bosques, las plantas medicinales”, indica Ketty Marcelo, presidente de ONAMIAP, para una reciente entrevista.
Las mujeres indígenas, desde sus territorios, son las que perciben en mayor medida cómo les afecta estas múltiples crisis a ellas y a su territorio. “Ya no podemos ir al río a hacer la pesca natural, no podemos consumir el agua del río. Los animales como el venado, el pavo del monte ya no los vemos, no lo conocemos. Todo por la tala de árboles. Se vendieron los árboles, sin pensar en las generaciones que vienen”, dice Wendy de la Cruz, dirigenta asháninka en la comunidad nativa San Pascual. “Nuestro bosque era como una farmacia. Ahora vemos que está en escasez nuestras medicinas, ya no hay animales… Esto nos afecta bastante como comunidad, como mujeres indígenas”, sentencia.

Ante ello, las bases organizativas de ONAMIAP construyen esa propuesta de política, retornando a sus conocimientos ancestrales y desde el Buen Vivir (o allin kawsay, en el idioma originario de los pueblos indígenas andinos). Es decir, desde la armonía con la Madre Naturaleza, la memoria histórica de resistencia y las generaciones venideras. “Nos dicen que el modelo económico dominante es el mejor para que no pensemos en el allin kawsay. Para que solo nos preocupamos en ganar dinero y no en darnos estos espacios de reflexión. Debemos vernos y valorarnos como pueblos y mujeres indígenas, sujetas de derechos”, finaliza Silvia La Torre.
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