Este paquetazo territorial ambiental es, además, la continuidad de otros, como el emitido por el segundo gobierno de Alan García, que dio lugar a la masacre de Bagua, y el del gobierno de Ollanta Humala, en el que destaca la Ley 30230 a la que precisamente el D. L. N° 1333 daba continuidad y que está sometida a un proceso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional.
Por ello, las organizaciones que conformamos el Pacto de Unidad instamos a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República que revise minuciosamente los decretos legislativos de promoción de la inversión para identificar aquellos que vulneran derechos. Pedimos también al Poder Ejecutivo que sus políticas orientadas al crecimiento económico se sustenten en un enfoque de derechos e interculturalidad.
Finalmente, las organizaciones que integramos el Pacto de Unidad manifestamos nuestro compromiso de permanecer vigilantes para que el Pleno ratifique la derogatoria de este decreto lesivo para los territorios de los pueblos indígenas andinos y amazónicos de nuestro país.
¡Por la defensa de nuestros territorios!
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