La Consulta Previa de la PNPI debe ser descentralizada, vinculante y garantizar la participación real de los pueblos indígenas

Este martes el Ministerio de Cultura anunció el inicio del proceso de consulta previa de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040 (PNPI). Sin embargo, desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP, expresamos nuestra preocupación frente a las debilidades estructurales que persisten en este proceso y que podrían reproducir una lógica extractivista y centralista, sin garantizar los derechos colectivos de nuestros pueblos, además este proceso se lleva a cabo en un contexto de regresión de derechos que estamos enfrentando los PPII.

Las organizaciones indígenas nacionales hemos participado durante tres años en el proceso de elaboración de esta política. Si bien muchos de nuestros aportes fueron incorporados, varios otros, especialmente los relacionados con los servicios que todos los sectores del Estado deben asumir en el marco de sus funciones hacia los pueblos indígenas, fueron rechazados.

Es particularmente preocupante que sectores como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) se hayan negado a incorporar servicios esenciales, como la revisión de las concesiones y derechos otorgados a terceros sobre territorios indígenas.

En el caso de MIDAGRI, que además es el ente rector en materia de titulación de territorios colectivos, se ha negado a establecer servicios conforme a los estándares internacionales de derechos territoriales, lo cual vulnera uno de los derechos más fundamentales de los pueblos indígenas: el derecho a la tierra y el territorio.

Desde ONAMIAP, demandamos que el proceso de consulta previa de la PNPI sea verdaderamente descentralizado, participativo y vinculante, recogiendo y respetando los aportes de las organizaciones indígenas representativas de base. Esta política no debe elaborarse solo desde el escritorio de un ministerio, sino con y desde los territorios.

Además, insistimos en que la PNPI debe tener un carácter multisectorial real: todos los sectores del Estado deben involucrarse activamente y transversalizar el enfoque de derechos de los pueblos indígenas en sus políticas, presupuestos y servicios. No aceptaremos una política decorativa, ni un enfoque intercultural limitado a discursos o talleres sin impacto.

Asimismo, esta política debe incluir servicios diferenciados y específicos para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente el derecho a la tierra y el territorio, a nuestras formas propias de organización, a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, y a una vida libre de violencia.

Esperamos que en esta etapa de consulta previa, nuestros aportes sean efectivamente recogidos y que los sectores del Estado cumplan con sus obligaciones en materia de derechos de los pueblos indígenas.

Como mujeres indígenas, no permitiremos que se nos excluya de los espacios de decisión. Nuestra participación debe ser plena, desde nuestras voces y nuestras propuestas. La consulta previa no es un trámite, es un derecho. Y su cumplimiento debe ser garantizado con voluntad política real, no como una formalidad sin consecuencias.

¡Por nuestros derechos, territorios y autonomías, exigimos una PNPI construida desde los pueblos y para los pueblos!