La crisis política del Perú es integral y estructural, es una crisis del sistema, agravada hoy por lo que se ha constituido en una dictadura ejercida desde el Congreso de la República que responde a los intereses del poder económico y de la corrupción. Una dictadura que se enraíza cada vez más y debemos detener antes de que sea irreversible.
Desde ese Congreso obstruccionista, desaprobado por el 86% de la población, se decide todo lo que pasa y debe hacerse en el Tribunal Constitucional, el Jurado nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo e incluso el Poder Ejecutivo. Vulnerando todo tipo de derechos e ignorando la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Ese Congreso envió el archivo el proyecto de ley N° 1840-021-PE presentado por el Poder Ejecutivo para que una Asamblea Constituyente con amplia participación popular elabore una nueva Constitución Política. Sin embargo, ahora extiende la actual legislatura para introducir una serie de reformas parciales de la constitución impuesta por la dictadura fujimorista, entre ellas el retorno a la bicameralidad del Poder Legislativo y la reelección inmediata de los congresistas.
Ambas propuestas se oponen a los resultados del referendum realizado en diciembre del 2018, en el que 13 949 831 (85.1%) de peruanos y peruanas dijeron NO al retorno a la bicameralidad y 13 598 123 (85.2%) no a la reelección inmediata de los congresistas.
Esto no puede permitirse. Agobiado por la crisis económica, el pueblo está adormecido y concentrado en su subsistencia. Pero es hora de despertar, de salir a las, de exigir el respeto a los derechos. ¿Dónde está la juventud que supo pronunciarse y hacer retroceder a esa derecha? Es urgente articularnos, movilizarnos.
Movilizarnos también para exigir el cambio de esa constitución que solo ha sido remendada, parchada, de acuerdo a los intereses del poder económico y politico. Movilizarnos para exigir la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente Popular, Soberana, Plurinacional y Paritaria, que ponga fin a la crisis estructural y garantice el ejercicio de todos nuestros derechos individuales y colectivos.
