En un contexto de larga espera y lucha por justicia, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) reafirma su compromiso con la búsqueda de justicia y reparación para las miles de mujeres indígenas que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas durante la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventa.
Este crimen de lesa humanidad, que afectó a más de 270 mil mujeres y 24 mil hombres, sigue siendo una deuda pendiente en la agenda de derechos humanos de nuestro país.
La historia de estas violaciones comenzó con la implementación del Plan de Salud Pública en 1995, respaldado en gran parte por la Agencia de Cooperación Internacional de EE. UU., que promovió prácticas de esterilización forzada en comunidades indígenas. Estas intervenciones se realizaron en condiciones inadecuadas, sin el consentimiento informado de las afectadas y en un contexto de grave vulneración de sus derechos.
Un informe del Ministerio de Salud de 2002 reveló que, entre 1995 y 2000, se llevaron a cabo 331,600 esterilizaciones, lo que evidencia la naturaleza sistemática de estas violaciones.A pesar de los esfuerzos judiciales iniciados desde 2003, las víctimas han enfrentado constantes obstáculos, como el archivo de sus casos y la falta de atención por parte del sistema judicial. En 2018, el indulto ilegal otorgado a Fujimori provocó una ola de indignación, exponiendo la impunidad que persiste para los responsables políticos de estos crímenes.
Sin embargo, tras 25 largos años de espera, la justicia comienza a asomarse. Recientemente, el Juez Rafael Martínez del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio decidió abrir una investigación penal contra Alberto Fujimori y otros altos funcionarios involucrados. Esta decisión es un hito significativo en nuestra lucha por la justicia.
En octubre de 2024, el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió un dictamen histórico que reitera la gravedad de estas violaciones y exige al Estado peruano garantizar justicia y reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas. El comité ha declarado que la política de esterilizaciones forzadas constituye una forma de violencia de género dirigida "particularmente contra mujeres indígenas, rurales y desfavorecidas", y advirtió que estos actos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad, tal como lo establece el Estatuto de Roma.
El dictamen de CEDAW se suma a la presión internacional que demanda que el Estado peruano asuma su responsabilidad y cumpla con las obligaciones de reparación y sanción. Esta resolución también respalda la necesidad de que el Estado implemente una política integral de verdad, justicia y reparación para las mujeres afectadas, algo que ONAMIAP ha venido exigiendo durante años.
Desde ONAMIAP, celebramos este avance, pero también subrayamos que aún queda mucho por hacer. A pesar de los obstáculos judiciales y la estigmatización que persiste en las comunidades, seguimos luchando para que se reconozca el daño causado y se otorguen las reparaciones necesarias.
A lo largo de este proceso, hemos contado con el respaldo de diversas organizaciones internacionales y de derechos humanos. La Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, también ha expresado su preocupación sobre la falta de acción del Estado peruano, pidiendo un informe detallado sobre estos crímenes para elevarlo al ámbito internacional.
La reciente decisión del Juez Rafael Martínez, del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio, de abrir una investigación penal contra Alberto Fujimori y otros altos funcionarios involucrados es un paso importante hacia la justicia. Esta acción judicial es un avance en nuestra lucha, pero necesitamos que el Estado peruano tome medidas más contundentes para garantizar que los responsables sean juzgados y las víctimas reciban reparación integral.
Nosotras, en ONAMIAP, continuaremos trabajando de la mano con nuestros aliados y aliadas para lograr la verdad, justicia y reparación para las mujeres indígenas víctimas de este delito de lesa humanidad. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos a unirse en esta lucha por la dignidad y los derechos de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Las mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú exigen justicia y reparación ahora, y no más silencio ni impunidad.
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