Comunidades de Huancasancos fortalecen sus capacidades en derechos colectivos

En la provincia de Huancasancos, Ayacucho, las comunidades y distritos han iniciado un proceso de fortalecimiento organizativo para defender su territorio frente a las 47 concesiones mineras otorgadas en la zona sin cumplir con el derecho a la consulta previa.

Estos talleres fueron coordinados entre la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho (FEREMIA) y la Federación de Mujeres Indígenas de Huancasancos (FEMIPH). Durante los talleres realizados en diciembre, el centro poblado San José de Huarcaya y la comunidad de Carapo discutieron las implicancias de estas concesiones y se analizaron estrategias colectivas para exigir el respeto a sus derechos como pueblos originarios.

Un contexto de exclusión histórica

La ausencia de consulta previa en Huancasancos no es un caso aislado. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, el 60% del territorio nacional está concesionado para actividades extractivas, y muchas de estas concesiones se superponen con territorios comunales. En Ayacucho, más del 30% de las concesiones mineras se encuentran en áreas donde viven comunidades campesinas y originarias, lo que genera conflictos sociales debido a la falta de información y diálogo previo.

En el caso de Huancasancos, las comunidades han identificado que el Estado no solo incumplió con la consulta previa, sino que tampoco garantizó el acceso a información clara sobre los impactos ambientales, sociales y culturales de las concesiones. Esta situación refuerza una práctica de exclusión sistemática hacia los pueblos originarios, quienes históricamente han sido marginados en la toma de decisiones sobre sus territorios.

Fortaleciendo la resistencia comunitaria

Los talleres realizados en Huancasancos no solo sirvieron para informar sobre el derecho al territorio y la consulta previa, sino también para fortalecer los procesos organizativos que las comunidades ya venían impulsando. En ese sentido, las comunidades han decidido tomar medidas concretas, como solicitar información oficial sobre las concesiones, exigir la implementación de procesos de consulta y articularse con otras organizaciones regionales para visibilizar su situación.

El derecho a decidir sobre el territorio

La consulta previa, establecida en el Convenio 169 de la OIT, es un derecho fundamental que garantiza a los pueblos originarios la posibilidad de decidir sobre actividades que puedan afectar sus territorios y formas de vida. Sin embargo, su aplicación en el Perú ha sido limitada, y casos como el de Huancasancos evidencian la necesidad de reforzar su cumplimiento. Para las comunidades, este es solo el inicio de un proceso más amplio de resistencia y defensa territorial.