Organizaciones Indígenas instamos al Pleno del Congreso a que ratifique la derogatoria de "La ley del despojo"
Al día siguiente de que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobara la derogatoria del lesivo Decreto Legislativo N° 1333, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, emitió un pronunciamiento en el que exhorta al congreso a reconsiderar su intención de derogar dicho decreto con la excusa de que "busca facilitar las obras de infraestructura de interés nacional".
Frente a ello, las organizaciones que integramos el Pacto de Unidad (Onamiap, CNA, CCP, Cunarc, Fenmucarinap y UNCA) alzamos nuestras voces para decir: ¡No, señor ministro! La promoción de la inversión no debe pasar por encima de los derechos humanos, la Constitución y las leyes.
Como lo hemos venido mencionando desde el inicio, esta "Ley del despojo" pone en peligro los procesos de titulación pendientes al crear el Proyecto Especial de Acceso a predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), instancia que podría sanear tierras para proyectos priorizados. Pero no solo eso, la creación del todopoderoso APIP también pretende usurpar funciones de varios ministerios, el Poder Judicial y diversas instituciones con el único objetivo de facilitar la entrega de territorios al sector privado.
Dos cosas están comprobadas por la historia y en particular por la experiencia reciente: la primera es que la concentración de poderes abre las puertas y las ventanas a la corrupción. La segunda es que los paquetazos territoriales-ambientales no son eficaces para promover las inversiones y el crecimiento económico.
¿Permite la independencia de poderes que un decreto legislativo obligue al Poder Judicial a aceptar determinadas pruebas? El APIP podría hacerlo, porque ante la denuncia contra funcionarios de este proyecto, el juzgado correspondiente estaría obligado a revisar primero el informe elaborado por el propio APIP. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Agricultura, ente rector de la titulación de tierras? ¿Qué sucedería con el PTRT3 financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)?
Los pueblos indígenas reivindicamos nuestra lucha y estamos decididos a no retroceder en el avance de la derogatoria del D. L. N° 1333. Nosotros y nosotras vamos a permanecer en pie de lucha hasta lograr que el Pleno del Congreso de la República ratifique su derogatoria definitiva. Asimismo, invocamos al Presidente del Poder Judicial, al Ministero de Agricultura y al BID que se pronuncien.
¡Las organizaciones indígenas estamos atentas y reiteramos: el D. L. N° 1333 no pasará!
¡No al despojo de nuestros territorios!
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