Dentro del marco de la política extractivista de los últimos gobiernos, el territorio de los pueblos indígenas andinos y amazónicos es amenazado por las concesiones mineras y petroleras, adjudicado gran parte del territorio nacional a propietarios corporativos o individuales, incluso superponiendo las concesiones a comunidades indígenas lo que refleja lo caótico del proceso y la expresión de la ausencia de políticas y planes de ordenamiento territorial. A esta situación, se suma el hecho que, según la Constitución, el subsuelo no es del pueblo indígena sino del Estado lo que no nos permite disponer de estos territorios, pese a que es contradictorio de acuerdo a la cosmovisión de los hombres y mujeres indígenas, para quienes el territorio es una integralidad, no sólo una parte.
La concesión es una permanente amenaza a la integridad del territorio y de la población, pues las fases de exploración y explotación, significa que las comunidades enteras sean arrancadas de sus lugares de origen, deban trasladarse o sean sometidas a presiones para la compra de la tierra en condiciones de negociación desventajosas para las comunidades.
La actual Ley de Consulta Previa tampoco garantiza una consulta previa, libre e informada en los procesos de concesión, lo cual coloca a los pueblos y sus territorios en situación de vulnerabilidad y escasa garantía de derechos. A esta situación, se agrega la inexistencia de unas políticas de ordenamiento territorial y la ausencia de procesos de zonificación ecológica y económica (ZEE) que sean participativos y que tomen en cuenta las diferentes visiones y experiencias que tenemos las mujeres y los hombres indígenas en relación al territorio.
Un punto que hay que relevar es que no se está desarrollando una transmisión intergeneracional sobre los límites y recursos del territorio, por lo que las nuevas generaciones van perdiendo el conocimiento sobre el mismo, a lo que se agrega la deficiente georeferenciación, lo que está incidiendo en la pérdida de la memoria colectiva.