Desde la Organización Nacional de Mueres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), denunciamos que la Política Nacional de Cultura al 2030 contempla medidas susceptibles de afectarnos a los pueblos indígenas.
Desde ONAMIAP, denunciamos que la Política Nacional de Cultura al 2030, aprobada mediante Decreto Supremo N° 09-2020-MC de 20 de julio de 2020, contempla medidas susceptibles de afectarnos a los pueblos indígenas; sin embargo, pese a los reiterados pedidos de nuestra organización de someter estas medidas a consulta previa la respuesta del Ministerio de Cultura fue siempre negativa.
Desde el 20 de septiembre de 2019 solicitamos al Ministerio de Cultura implemente el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas conforme a los estándares del Convenio 169° de la OIT en el trabajo de construcción de este Política Nacional de Cultura. Como respuesta, el 14 de octubre de 2019 el Ministerio de Cultura señaló que la propuesta de Política no tenía “previsto incidir de manera específica en la situación jurídica o el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios”, razón por la cual, no implementaría el derecho constitucional a la consulta previa a los pueblos indígenas en la construcción de esta política. El 8 de noviembre del mismo año, reiteramos la necesidad de respetar nuestros derechos colectivos constitucionales; recibimos la misma negativa por parte del Ministerio de Cultura hasta en dos ocasiones más.
La Política Nacional de Cultura aprobada el día de ayer, sí contempla en su primer Objetivo Prioritario hasta tres lineamientos que nos afectan directamente a los pueblos indígenas, tales como el de generar estrategias para el fortalecimiento de la identidad cultural, medida que según esta política será implementada “con énfasis en los pueblos indígenas u originarios”, además establecen en ese mismo objetivo que los “pueblos indígenas” serán las personas (sic) que recibirán los servicios que se implementarán.
Pese a que estas medidas nos afectan, no fueron consultadas. Se violentó así nuestro derecho a la consulta previa, el cual es un derecho humano colectivo de los pueblos indígenas. Adicionalmente, reiteramos al Ministerio de Cultura que como organización indígena representativa tenemos derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural del Estado, y esto implica el derecho a participar de manera efectiva en el diseño de las políticas culturales, para que estas no sean el resultado de una visión monocultural, sino que sean interculturales y respeten las cosmovisiones y diversas culturas de nuestro país.
También queremos alertar sobre el peligro que representa para los derechos de los pueblos indígenas que sea el mismo Ministerio de Cultura, el ente rector en materia indígena y quien tiene a su cargo la promoción de la "debida implementación del derecho a la consulta previa", el sector que nos haya negado el ejercicio de nuestro derecho colectivo reconocido internacionalmente. Se evidencia así, como el ente designado desde el Estado para proteger nuestros derechos constitucionales los desconoce y nos impide ejercerlos.
Llamamos la atención a la ciudadanía, sobre el riesgo que genera el Ministerio de Cultura al impedir el acceso de los pueblos indígenas a nuestro derecho a la consulta. Como organización indígena de mujeres hemos venido cumpliendo con nuestro rol de exigir, demandar y vigilar el cumplimiento de nuestros derechos sin poner alfombras o "quitarnos el sombrero" cuando en realidad es obligación de los funcionarios y los gobiernos implementar nuestros derechos adecuados a la estándares internacionales.
Las mujeres indígenas exigimos el respeto y la garantía de nuestros derechos y no permitiremos que los continúen violando.