El Congreso de la República ha promulgado por insistencia la “Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD) y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana”, Ley 31494. Esta norma promueve un paramilitarismo financiado por el Estado y el sector privado, vulnera nuestros derechos de pueblos indígenas a la autonomía, al sistema de justicia propio y al consentimiento previo, libre e informado, generando paralelismo a las formas legítimas y legales de organización que tenemos según el marco normativo constitucional e internacional.
El 22 de abril del 2021, el Pleno del Congreso aprobó SIN CONSULTA NI CONSENTIMIENTO el Dictamen de los Proyectos de Ley 5424 y 5679 que reconocen los CAD. Ambos proyectos de Ley fueron aprobados en un dictamen que pasó al pleno, que aprobó con 98 votos a favor (toda la derecha unida) y 9 votos en contra. El entonces presidente Francisco Sagasti la observó el 2 de julio del 2021 porque vulnera los derechos de los pueblos originarios y comprometía internacionalmente al Estado y la devolvió al Congreso, donde permaneció encarpetada hasta que la presidenta del Congreso María del Carmen Alva la promulgó por insistencia, a favor de la cual votaron, además de las bancadas abiertamente derechistas, 6 congresistas de Perú Libre, 6 de Perú Democrático, 8 del bloque magisterial y 1 de Juntos por el Perú.
Desde el principio, ONAMIAP observó todos los proyectos por las implicancias nefastas que tenían contra nuestros derechos como pueblos indígenas y solicitamos en su momento al Poder Ejecutivo que observe el dictamen, cosa que se hizo el 2 de julio del 2022. Sin embargo, la autógrafa observada fue resucitada por este Congreso para aprobarla por insistencia y el día de hoy nos dimos con la sorpresa que la ley fue publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Una vez más las mujeres indígenas organizadas en ONAMIAP alzamos nuestra voz para exigir su derogatoria bajo responsabilidad de este Congreso y de los que votaron a favor, por las muertes que esta pueda ocasionar. No permitiremos que una ley que atenta contra nuestros derechos, nos subordina a las Fuerzas Armadas y Policiales, y genera paralelismos continúe vigente sin determinar responsabilidades institucionales.
Las mujeres indígenas tenemos memoria histórica y no vamos a permitir que una vez más usen a nuestros hermanos de los CAD como carne de cañón y se los criminalice por portar armas que el propio Estado les da. Tampoco que los utilicen para que las mafias vinculadas a las actividades ilegales y el extractivismo, que nos despoja y destruye nuestros territorios, organicen sus grupos armados para imponer con bala modelos de desarrollo que la derecha, que está enquistada en el Congreso de la República, busca proteger y perpetuar.
Exigimos la inmediata derogatoria de esta ley. Alertamos que, de no ser así, recurriremos a todas las vías legales para hacer valer nuestros derechos como pueblos y mujeres indígenas.
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