Exhortar a realizar una investigación exhaustiva e independiente en los casos de esterilizaciones forzadas, aplicando la jurisprudencia y estándares internacionales, sancionando a los responsables mediatos y directos y reparando integralmente a las víctimas.
Garantizar que el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos 2017 – 2021 cuente con medidas para que las víctimas de esterilizaciones forzadas alcancen justicia y reparación integral, contemple la creación de un grupo de trabajo para diseñar una política y adopte un protocolo para que los defensores públicos incorporen los estándares y jurisprudencia relativa a las investigaciones sobre estos hechos, con participación de representantes de la sociedad civil, las organizaciones de víctimas, tales como la Asociación Nacional de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y otras organizaciones similares.
Remover todas las barreras y obstáculos administrativos, presupuestales, geográficos, económicos, legales y lingüísticos para que el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) cumpla con brindar defensa pública a las víctimas y éstas alcancen justicia. Desde ONAMIAP, exigimos al Estado peruano que tome en cuenta estas recomendaciones para que finalmente las mujeres y varones que sufrieron esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori alcancen la justicia y la reparación que les han sido negadas por veinte años. Datos: -El informe del Perú sobre la situación del país en materia de derechos humanos fue elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú (MINJUS) en base a los informes de 30 instituciones estatales. -La comitiva peruana estuvo encabezada por el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del MINJUS, José Coloma Marquina, el juez supremo Josué Pariona, el fiscal superior Luis Landa Burgos y los representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Cultura y Trabajo.
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