La crisis política en el Perú se ha hecho permanente. Las causas son múltiples, pero esta crisis es alimentada cada día por los partidos y movimientos políticos de ultraderecha herederos de la dictadura de Alberto Fujimori de los años noventa. Derrotado una y otra vez en las urnas, el partido fujimorista, junto a sus aliados, genera inestabilidad política, además de promover y aprobar normas desde el Congreso de la República que atentan contra derechos fundamentales.
Un grave ejemplo de esto: el Congreso de la República promulgó por insistencia la “Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD) y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana”, Ley 31494. Esta ley promueve un paramilitarismo financiado por el Estado o el sector privado y vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
No es una propuesta nueva, viene de legislaturas anteriores, siempre alentada por el fujimorismo, que promovió en los años noventa comités de autodefensa paralelos a las rondas campesinas de los Andes y las guardias indígenas de la Amazonía.
Tras idas y venidas, el 22 de abril del 2021, el Pleno del Congreso aprobó, sin someterlo al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, el Dictamen de los Proyectos de Ley 5424 y 5679 que reconocen los CAD. Este dictamen pasó al pleno, que lo aprobó con 98 votos a favor (toda la derecha unida) y 9 votos en contra.
El entonces presidente Francisco Sagasti lo observó porque vulnera los derechos de los pueblos originarios y comprometía internacionalmente al Estado. Lo devolvió al Congreso, donde permaneció encarpetado hasta que la presidenta del Congreso María del Carmen Alva promulgó la ley por insistencia, a favor de la cual sorprendentemente, votaron, además de las bancadas derechistas, congresistas autoidentificados como de izquierda: 6 de Perú Libre (partido del gobierno), 6 de Perú Democrático, 8 del bloque magisterial y 1 de Juntos por el Perú. Nuestros supuestos aliados en el Congreso no nos advirtieron, guardaron silencio, y la noticia nos cayó como un baldazo de agua fría.
No son los únicos silencios. Lamentablemente, la mayoría de las organizaciones indígenas nacionales del Perú están concentradas en los espacios de diálogo con diferentes sectores del gobierno y no cumplen su rol de defensa y exigencia de garantías para nuestro pleno ejercicio de nuestros derechos.
ANTECEDENTES
Desde el principio, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) cuestionó todos los proyectos por las implicancias nefastas que tenían contra nuestros derechos como pueblos indígenas y solicitamos en su momento al Poder Ejecutivo que observe el dictamen, cosa que se hizo el 2 de julio del 2021. Sin embargo, la autógrafa observada fue resucitada por este Congreso para aprobarla por insistencia y el 16 de junio de este año nos dimos con la sorpresa que la ley fue publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Al promulgarla, el Congreso de la República convirtió en Ley 31494 el dictamen del Proyecto de Ley 5424, que unió dos proyectos presentados por los congresistas Valeria Valer de Fuerza Popular y Perci Rivas de Alianza para el Progreso y suscrito también por Daniel Urresti. Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Esta comisión pidió la opinión de diversos ministerios, pero no de los pueblos indígenas, ni de las organizaciones ronderas, ni de ningún otro tipo.
Desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Cultura, ente rector de políticas indígenas, opinó favorablemente, sin siquiera consultarnos a los pueblos indígenas sobre una ley que nos afecta directamente. En cambio, los ministerios del Interior, de Defensa, de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo señalaron que no era viable porque, entre otros motivos, “existe el peligro de que se constituya una organización armada paralela a la Policía Nacional del Perú e incluso a las Fuerzas Armadas”, “se generaría una sobreposición de organizaciones como las rondas campesinas y rondas comunales”, “no se puede tener un "cuerpo civil armado, una suerte de milicia o ejército paralelo a las rondas campesinas que cumplen roles de protección”.
DERECHOS VULNERADOS
La Ley 31494 vulnera nuestros derechos a la autonomía y la jurisdicción indígena, porque crea organismos paralelos a los que no correponde ejercer justicia. Además establece que su acreditación estará en manos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (artículo 4). Y algo inadmisible: su artículo 10 dispone que los CAD pueden reglamentar el derecho consuetudinario.
Su artículo 8 es grave, porque señala que los CAD pueden adquirir, por compra o donación por parte del Estado o particulares, las armas de uso civil autorizadas por los ministerios del Interior y de Defensa. Las empresas extractivas podrían organizar sus CAD para reprimir las protestas de las comunidades. También podrían hacerlo las mafias ilegales que persiguen, amenzan y asesinan a líderes y lideresas indígenas: tala y minería ilegal, narcotráfico, traficantes de tierras e incluso tratantes de personas.
De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, desde el 2014, el Ministerio de Justicia y Drechos Humanos registró 56 situaciones de riesgo contra personas defensoras indígenas y ambientales; y, durante la pandemia por el COVID-19, a diciembre de 2021, se cometieron 12 asesinatos de líderes indígenas en 7 regiones, principalmente amazónicas: 2 en Amazonas, 1 en Huánuco, 2 en Junín, 1 en Lambayeque, 2 en Madre de Dios, 2 en Pasco y 3 en Ucayali.
El mismo artículo 8 dice que los CAD usarán las armas para apoyar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Esto implica el riesgo de institucionalizar la estigmatización como “terroristas” a quienes defendemos nuestros derechos individuales y colectivos. Y desatar una represión indiscriminada. Está claro que esta ley busca usar el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico para legalizar el paramilitarismo contra los defensores y las defensoras de derechos.
LA EXPERIENCIA COLOMBIANA
En Colombia, durante la lucha contra los cárteles de drogas y las guerrillas, se apoyó el accionar de grupos paramilitares que contaban con recursos millonarios, adquirieron creciente poder y asesinaban a sus rivales de negocios, además de multiplicar los llamados “falsos positivos” que encubrían sus crímenes vistiendo con ropas de guerrilleros a sus víctimas. Entre ellas hombres y mujeres indígenas en cuyos territorios se libraban guerras totalmente ajenas a sus pueblos.
Un ejemplo de esos grupos paramilitares son las llamadas cooperativas de vigilancia y seguridad, conocidas como Convivir, que lograron consolidarse y articularse con los grupos de poder económico, partidos y movimientos políticos, y el propio Estado colombiano, que las creó.
En efecto: las cooperativas fueron creadas por el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, durante la presidencia de Cesar Gaviria, luego de que Colombia fuera azotada por la violencia de los cárteles de droga, en particular el Cartel de Medellín, en la década de los ochenta. La sociedad colombiana estaba aterrorizada y cuando el miedo entra por la puerta, el derecho sale por la ventana.
Mientras la norma estuvo vigente, fueron creadas más de quinientos de estas “cooperativas” en 24 de los 32 departamentos colombianos y en ellas “trabajaron” más de quince mil personas. El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ha señalado que las Convivir fueron creadas “por particulares especialmente entre 1995 y 1998 con el auspicio o con el visto de bueno de gobiernos departamentales, Fuerza Pública, organismos de inteligencias y las correspondientes autorizaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Se convirtieron en pieza clave para la expansión de los grupos paramilitares”.
Incluso un presidente colombiano, Álvaro Uribe, estuvo muy involucrado. Él fue gobernador de Antioquía y durante ese mandato se otorgó personería jurídica a las Convivir. Y en 2016, su hermano Santiago Uribe fue llevado a juicio por el homicidio de un campesino en Yarumal mientras, supuestamente, hacía parte del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.
Uno de los grupos paramilitares más violentos fueron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estas se desmovilizaron merced a un acuerdo de paz suscrito con el gobierno el 2003. Sin embargo, desde entonces han surgido diversos grupos que se adueñaron de sus símbolos y, sobre todo, de sus territorios y vínculos con el narcotráfico.
Las AUC fueron uno de los grupos armados que más víctimas han dejado en Colombia. Se les atribuyen cerca de 95 mil asesinatos, además de masacres, despojo de tierras y desplazamientos forzados. Según las Naciones Unidas, las AUC son responsables del 80 por ciento de los asesinatos de civiles en el conflicto armado interno de Colombia. Y se financiaron con el narcotráfico.
¡DEROGATORIA!
En el Perú, de acuerdo con las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el conflicto armado interno que sacudió al Perú entre los años 1980 y 2000 dejó 69280 víctimas. Un porcentaje muy alto de los muertos y desaparecidos, más del 75%, tenía el quechua u otras lenguas originarias como lengua materna.
La CVR concluyó que la persistente discriminación racial, social y de género en el Perú contribuyó a que el sufrimiento de estos miles de peruanos y peruanas no fuera reconocido durante años por los sectores de la sociedad con poder económico y político.
Las mujeres indígenas sí tenemos memoria histórica y no vamos a permitir que una vez más usen a nuestros hermanos de los CAD como carne de cañón y se los criminalice por portar armas que el propio Estado les da. Tampoco que los utilicen para que las mafias vinculadas a las actividades ilegales y el extractivismo, que nos despoja y destruye nuestros territorios, organicen sus grupos armados para imponer con bala modelos de desarrollo que la derecha, que está enquistada en el Congreso de la República, busca proteger y perpetuar.
Una vez más las mujeres indígenas organizadas en ONAMIAP alzamos nuestra voz para exigir la derogatoria de la Ley 31494 bajo responsabilidad de este Congreso y en particular de los que votaron a favor, por las muertes que esta norma pueda ocasionar. No permitiremos que una ley que atenta contra nuestros derechos, nos subordina a las Fuerzas Armadas y Policiales, y genera paralelismos continúe vigente sin determinar responsabilidades institucionales.
Exigimos la inmediata derogatoria de la Ley 31494. Alertamos que, de no ser así, recurriremos a todas las vías legales para hacer valer nuestros derechos como pueblos y mujeres indígenas.
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La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) trabaja por el pleno ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las mujeres indígenas y ha venido trabajando este tema desde que los proyectos fueron presentados.
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