Indignación, vergüenza, horror. El Tribunal Constitucional, máxima instancia a la que podemos recurrir para exigir la garantía de nuestros derechos, ha ordenado la liberación del exdictador Alberto Fujimori. Un insulto a nuestra memoria histórica, a las víctimas del Grupo Colina, a las mujeres esterilizadas forzosamente, al país.
El exdictador fue condenado y preso por asesino, en un proceso judicial alabado internacionalmente por su limpieza. ¿Qué les dirá el Tribunal Constitucional a los deudos y las deudas de sus víctimas? ¿A las madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, parejas que siguen llorando esos asesinatos? ¿A quiénes siguen buscando a sus familiares desaparecidos?
Este acto confirma lo que ya se había venido demostrando: los miembros del Tribunal Constitucional responden a los grupos de poder, no a la razón, a la verdad, a los derechos, a la defensa de la vida. Responden a la corrupción dentro y fuera del Estado que el exdictador institucionalizó. Responden a los grupos de poder y a quienes buscan la impunidad para sus crímenes.
Fue Ernesto Jorge Blume Fortini el encargado de sustentar la validación del indulto que concedió Pedro Pablo Kuczynski al exdictador el 24 de diciembre del 2017, confiado en que la fecha impediría la reacción popular. Pero las calles fueron tomadas entonces por quienes clamamos: ni olvido ni perdón para los crímenes. Fue, además, un indulto concedido de manera muy irregular, como lo demostró la Corte Suprema al anularlo. Pero eso no le importó al Tribunal Constitucional. También ignoró que el indulto fue anulado siguiendo el mandato de la Corte Interamericana.
Es ese mismo Tribunal Constitucional que hace unos días emitió la Sentencia EXP. N° 03066-2019-PA/TC que desconoce la consulta previa como un derecho fundamental, negando el rango constitucional del Convenio 169 de la OIT y contradiciendo anteriores fallos del mismo Tribunal.
Alberto Fujimori es culpable de crímenes de lesa humanidad y de corrupción, sí. Pero no olvidemos que también es culpable de haber arrasado con los derechos territoriales de las comunidades indígenas en la Constitución que aprobó para imponer el neoliberalismo extractivista, de haber arrasado con los derechos laborales y ambientales, de haber rematado las empresas públicas sin que se conozca hasta hoy el destino de lo recaudado por eso.
El exdictador es culpable de haber convertido el Estado en un aparato delictivo, para la corrupción, el narcotráfico y los asesinatos selectivos.
Rechazamos esta decisión del Tribunal Constitucional. Llamamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a pronunciarse. Los convocamos a recurrir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para revertir este fallo.
Nuestra movilización en las calles debe garantizarlo: ni olvido ni perdón.
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