Hace trece años, el 5 de junio del 2009, el país y el mundo se conmovieron con los sucesos de Bagua, en los que perecieron 33 personas. Mientras los líderes indígenas sufrieron largos años de persecución y juicios, los responsables políticos nunca fueron procesados. La balanza de la “justicia” estatal se inclina siempre a favor de los poderosos.
Porque esas muertes fueron provocadas por un cruel ejercicio y demostración de poder. Los “ciudadanos de segunda categoría”, como el entonces presidente Alan García Pérez llamó a los y las indígenas, no podían atreverse a desafiarlo. Ni a él ni a los grupos económicos que siempre mueven los hilos del Estado, sin importar quién esté en el gobierno.
Recordemos que las justas protestas de los pueblos indígenas amazónicos respondieron a la emisión de normas de despojo territorial. Entonces, el 2009, habían pasado catorce años de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT, pero jamás se había realizado una consulta previa y menos obtenido el consentimiento. Las concesiones mineras, petroleras, forestales, los megaproyectos y las normas que afectan nuestros derechos continuaban. El pretexto era que no había una ley de consulta. Pero los instrumentos de derechos humanos, de acuerdo con el derecho internacional, no necesitan reglamentarse: deben cumplirse.
Por eso Alan García, quien años después optó por la cómoda salida del suicidio para no enfrentar sus múltiples delitos, entre ellos los asesinatos de Bagua, preparó el camino para la represión con sus dos infames artículos “El perro del hortelano”. Y ordenó la represión cuando ya los indígenas habían acordado romper el bloqueo en la Curva del diablo.
Entonces el Perú se enteró que los pueblos indígenas existimos y tenemos derechos. Se debatió y promulgó una Ley de Consulta Previa el 2011 que no se ajusta a los estándares internacionales. Y las concesiones siguen otorgándose sin consulta y menos consentimiento. Y nuestros derechos siguen siendo vulnerados.
Los tratados internacionales y normas nacionales que protegen nuestros derechos no se cumplen porque el poder económico y político no lo permite. El modelo económico y político impuesto en 1993 con la constitución fujimorista necesita vulnerar esos derechos para permanecer y profundizarse. Un modelo que es la continuidad del saqueo y la destrucción de la naturaleza iniciado con la invasión española. Como los sucesos de Bagua son la continuidad de la resistencia que los pueblos indígenas iniciamos hace más de 500 años. Y que tiene otros hitos históricos: el boom del caucho, la recuperación de tierras y tantos otros.
Es hora del cambio. Para salvar a la Madre Naturaleza de la destrucción, para salvar todas las vidas, incluida la humana. Para garantizar derechos individuales y colectivos. Empecemos por cambiar la constitución fujimorista. Preparemos el momento constituyente. Preparémonos para un cambio estructural.
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