Aunque el hecho que la violencia contra las mujeres haya sido sacada del ámbito de lo privado y colocada como un asunto de interés público y que existan políticas y normativas en el país dirigidas a enfrentarla, su alta prevalencia desde la mirada de las mujeres indígenas tiene variadas razones, muchas de las cuales se intersectan y van delineando nuevas formas de violencia que afectan de manera específica a las mujeres indígenas.
Sin embargo, pese al incremento de la violencia hacia las mujeres, no existen respuestas más efectivas de parte del Estado. Por un lado, no existen campañas de sensibilización y prevención dirigidas hacia nosotras y, por otro lado, pese a la existencia de un programa de lucha contra la violencia a nivel nacional, éste no tiene un enfoque intercultural, ni cuenta con un presupuesto adecuado acorde con el problema, denotando en la práctica poca voluntad política.
Pero el problema no termina ahí y en los casos en que logren llegar a una oficina para buscar protección, se ven expuestas a otras formas de violencia, que empieza desde el hecho de que las personas que atienden no hablen en su idioma, ni se cuenta con traducción y persisten las visiones discriminatorias de género y étnicas, en los comentarios como “te lo habrás buscado”, por ejemplo. A esto se agrega la desarticulación que existe en las diferentes instancias estatales que tienen que ver con la problemática, en donde cada una actúa según sus propios criterios y sistemas.
En las regiones que han vivido la violencia de la guerra, la violencia se ha incrementado sin que se hayan elaborado desde el Estado propuestas de atención a las personas que tuvieron que vivir la guerra.
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