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Señor Relator Especial de la ONU: las actividades extractivas envenenan nuestras sangres y nuestros territorios

Esta semana visita el Perú el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana. Aquí podrá constatar que las actividades extractivas, la minería y el petróleo, envenenan la sangre de los pueblos indígenas y nuestros territorios. 


Este no es un tema nuevo en el Perú. Los pueblos y las mujeres indígenas llevamos quinientos años resistiendo el despojo territorial y la destrucción de nuestras vidas y de toda la Madre Naturaleza. Esto empezó desde la Colonia, cuando los invasores se instalaron en Huancavelica para extraer el mercurio con el que trataban el oro y la plata de Potosí.


Ciudades enteras copadas por la minería, como Cerro de Pasco, fundiciones, transporte de minerales, relaves y más de 50 años de derrames petroleros en la Amazonía. Sí, el derrame petrolero en Ventanilla ha causado la justa indignación mundial, pero este es un problema que los pueblos indígenas amazónicos sufren durante décadas.


Desde el año 1997 hasta el primer trimestre del año pasado, se han producido 1002 derrames petroleros, de ellos 566 en la Amazonía, donde el 65% de estos derrames fueron producto de fallas operativas y de la corrosión del Oleoducto Norperuano. Es decir, pudieron prevenirse y hay responsables identificados. El 94% de estos derrames son responsabilidad de la empresa Pluspetrol. Estas cifras son resultado de un estudio elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Oxfam, titulado La sombra de los hidrocarburos en el Perú. 


Durante la pandemia, la actividad petrolera ha seguido sembrando desastres. Entre marzo del 2020 y julio del 2021, según Ojo Público, se produjeron 45 derrames petroleros solo en Loreto. Y en menos de un mes, de acuerdo con el Observatorio Petrolero de Puinamudt ya se han producido otros cuatro derrames: 27 diciembre 2021: cuenca del río Tigre; 31 de diciembre 2021: uno en la cuenca del río Corrientes y otro en Santa María Nieva; 13 de enero 2022: uno en el río Huangayanacu.


Las sustancias tóxicas afectan sobre todo a niños y niñas y ya hubo más de una víctima mortal, por causa de la indiferencia del Estado y su priorización del extractivismo. La más reciente fue Esmeralda Martín Añasco, una niña de Pasco, que en septiembre del año pasado murió envenenada con metales pesados en la sangre.


Esmeralda representa a las más de 10 millones de personas afectadas con sustancias tóxicas en el Perú. Cifras oficiales reportaron el 2018 que en Cerro de Pasco había 2670 niños y niñas de 0 a 11 años con metales tóxicos como mercurio, arsénico y plomo. Allí opera la empresa minera Volcan, del conglomerado suizo Glencore, en un gigantesco tajo que hace que 59 mil pobladores beban agua contaminada. Otro caso dramático es la provincia de Espinar, en Cusco, donde el 78% de los habitantes tiene también la sangre envenenada.


Frente a esta grave vulneración de nuestros derechos fundamentales, en octubre del 2021, ONAMIAP y la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metaloides, Metales Pesados y otras Sustancias Químicas Tóxicas realizamos un Diálogo nacional y un Foro Público para compartir experiencias y articular propuestas y acciones de incidencia. La primera de ellas, realizada el 5 de octubre, fue un plantón ante las puertas del Congreso de la República.


Dos meses después, en diciembre, el gobierno aprobó, mediante Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM, el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

Nuestro Diálogo de octubre emitió un pronunciamiento en el que demandamos:


  • Cumplimiento de la consulta y el consentimiento, previos, libres e informados, conforme a los estándares internacionales.

  • Reconocimiento de nuestros territorios ancestrales integrales.

  • Reconocimiento de los derechos de la Madre Naturaleza, sus ecosistemas y especies.

  • Atención de salud especializada a todas las personas afectadas por metales pesados.

  • Reparación integral de los ecosistemas afectados.

  • Atención efectiva de las demandas de las comunidades campesinas y nativas impactadas por actividades extractivas.

  • Cese de la criminalización de la protesta y de la persecución a los defensores y las defensoras de derechos.

  • Convocatoria a una Asamblea Constituyente Popular, Plurinacional, Soberana y Paritaria por una nueva Constitución que garantice el ejercicio de los derechos individuales y colectivos y nos encamine hacia el Buen Vivir / la Vida Plena.

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