Por: Daniel Sánchez Velásquez*
En el 2017, por primera vez en nuestro país, el Censo de Población y Vivienda incluirá una pregunta de autoidentificación étnica. Esto contribuirá, de mejor manera, a conocer e identificar la composición demográfica de nuestro país. El último censo realizado en el 2007, estimó en cuatro millones el número de personas de origen indígena. Esta cifra se calculó en base a la respuesta que dio la población sobre la única pregunta de etnicidad que, hasta la fecha, se ha incorporado en los censos: la referida a la lengua materna.
La pregunta sobre la lengua, fundamental para el diseño de una política educativa y para que el Estado brinde servicios y atención pública lingüísticamente pertinente, no ha permitido, sin embargo, identificar a la población indígena que ha dejado de hablar su lengua originaria como consecuencia de diversos factores, entre ellos, los de discriminación, aculturación y migración. Es importante tomar en cuenta que en los últimos 50 años, los hablantes del quechua han disminuido de un 32.80% en el año 1961 a un 13% de acuerdo con el censo del 2007. Similar situación sucede con el aymara, cuyo uso ha decrecido de un 3.5% a un 1.7% de personas en el mismo período.
En atención a ello, hace unos años se inició, en diversos foros internacionales, una discusión sobre la necesidad de incluir nuevas preguntas que permitan captar, en mayor grado, la multidimensionalidad de la identidad indígena. Dentro de estas propuestas, la pregunta sobre la autoidentificación ha adquirido legitimidad en la comunidad académica, en la práctica pública y entre las organizaciones indígenas como el método más aceptado para el reconocimiento de las poblaciones de origen indígena. Este consenso ha hecho que casi la totalidad de los Estados de la región, a excepción de nuestro país, haya ajustado sus cuestionarios censales e incorporado en ellos la pregunta sobre la autoidentificación étnica.
La información demográfica indígena en los censos y las políticas públicas
La pérdida progresiva de sus tierras, el quiebre de las economías comunitarias, la dación de medidas que poco o nada han protegido sus derechos ancestrales, la migración del campo a la ciudad, entre otros, han agudizado la precaria situación económica de la mayoría de los pueblos indígenas.
Sin embargo, a pesar de esta situación, la información desagregada por origen étnico aún es escasa, así como los estudios comparativos entre las poblaciones indígenas con respecto al resto de la población. De ahí que, desde laDefensoría del Pueblo, consideremos esencial para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas obtener información sobre pueblos indígenas en los censos de población dado que éstos son fuentes valiosas de datos de cobertura nacional.
La información que arrojan diferentes instrumentos de carácter cuantitativo, como el censo, resultan fundamentales para la toma de decisiones, al entregarnos evidencias sobre sus principales problemas y necesidades así como contribuir en la medición del resultado de diferentes políticas públicas a lo largo del tiempo.
La disponibilidad de información sobre el origen étnico de la población permitirá desarrollar análisis sociodemográficos para una distribución más equitativa de los recursos del Estado que puedan ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida y sus posibilidades hacia el futuro.
Los resultados del censo adquieren relevancia también cuando la información permite a los propios pueblos indígenas el planteamiento de soluciones. El Estado ha jugado un rol central en la historia de dichos pueblos a través del diseño de políticas que han pretendido -bajo la excusa de solucionar las inequidades existentes- plantear estrategias que enfatizan aspectos cuantitativos, materiales o económicos, dejando a un lado aspectos sociales y culturales por considerarlos de menor importancia, pero que claramente forman parte de las demandas indígenas.
En este sentido, la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones resulta fundamental. Al ser ellos los principales afectados de una inserción económica débil, tienen que ser puestos en el centro de las estrategias, como actores y partícipes de su propio desarrollo, aportando nuevas alternativas de solución que consideren sus propias especificidades culturales.
Los retos de la formulación de una pregunta adecuada
En nuestro país se viene trabajando para alcanzar un consenso con respecto al formato y redacción más adecuada para una pregunta que permita integrar apropiadamente las preocupaciones sobre los errores de inclusión o exclusión de personas que se consideran parte de uno de los 54 pueblos indígenas que, hasta el momento, han sido identificados por el Estado.
La experiencia ha demostrado que los resultados son muy sensibles a la forma de enunciar la pregunta. Esto no es un elemento irrelevante en la identificación de las personas, ya que redacciones diferentes para las mismas variables pueden producir resultados inesperados. Por ejemplo, en el último Censo Nacional Agrario 2012, se preguntó sobre la pertenencia de la comunidad campesina a “un pueblo indígena”. A esta pregunta solo cuatro comunidades campesinas de las 5 mil que se censaron respondieron afirmativamente. Esto a pesar de que un alto porcentaje respondió de manera afirmativa respecto de otros criterios de identificación étnica como el uso de la lengua originaria (73%), el mantenimiento de la propiedad comunal de sus tierras (70%), la conservación de prácticas de trabajo comunal (88%) o el uso de curanderos para atender sus enfermedades (37%).
Si bien las personas de las comunidades campesinas comparten un sentimiento de identidad con una colectividad en función de ciertos elementos comunes tales como el idioma, el uso de determinadas instituciones sociales, el mantenimiento de traiciones y prácticas ancestrales, o una combinación de estos elementos, al parecer el término “indígena” o “pueblo indígena” -denominación que el Convenio 169 de la OIT utiliza- no contribuye sustantivamente a la visibilización de la identidad étnica de las comunidades campesinas andinas.
El rechazo al término indígena puede responder a diversos procesos de exclusión social que han contribuido para que dicha palabra tenga, para muchos, una gran carga peyorativa. Es importante recordar que, en términos de convivencia, las relaciones con la población andina han estado marcadas por la discriminación que ha perdurado a través de los años y en los que palabras como “indio”, “cholo” o “indígena” han sido utilizadas para denigrar. Se requiere, por ello, seguir explorando, a efectos del censo, nuevas formas que permitan identificar a la población y que tengan legitimidad social.
A nivel comparado, el cambio en la redacción de la pregunta ha producido también resultados inconsistentes. En efecto, en Chile a pesar de que en el Censo del 2002 arrojó como resultado el incrementó de la cantidad de pueblos indígenas en los cuales era posible identificarse, la proporción de la población que se autoidentificó como tal disminuyó de 10,3% a 4,6% entre 1992 y 2002. Esta disminución puede ser explicada en parte por cambios en la forma de formular la pregunta sobre pertenencia indígena. En 1992, la pregunta utilizada era “Si usted es chileno, ¿se considera perteneciente a alguna de las siguientes culturas?”. En el 2002, la pregunta fue cambiada a “¿Pertenece usted a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas?”. La modificación de la pregunta arrojó cambios significativos en los porcentajes encontrados, lo que dificulta en gran medida las posibilidades de hacer comparaciones objetivas.
En atención a estas complejidades, en junio del 2013, en nuestro país se creó el «Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas Étnicas» (CTIEE). Este Comité, conformado por entidades de la administración pública (INEI y Ministerio de Cultura), organizaciones indígenas (CONAP, ONAMIAP), organizaciones afroperuanas (Cedemunep, Cedet), organizaciones internacionales (Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unicef), instituciones académicas (Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico) y organizaciones de la sociedad civil (GRADE, Chirapaq), tiene por finalidad elaborar una propuesta metodológica y una pregunta de consenso que permita captar de forma correcta y objetiva la etnicidad de la población y presentarla como propuesta para su incorporación al cuestionario del censo del 2017 y, posteriormente, en los registros administrativos y las encuestas nacionales.
Los debates en su interior son intensos pues, como se ha explicado, formular una pregunta que tome en cuenta las definiciones y terminologías que tengan sentido para los propios ciudadanos y ciudadanas indígenas y disminuyan los sesgos que conducen a errores de enumeración, no es una tarea sencilla. Sin embargo, hay importantes avances. A la fecha, el INEI viene procesando los resultados de una prueba piloto que realizó en el mes de octubre sobre una propuesta de pregunta consensuada en el CTIEE. Esta información de campo permitirá contar con datos empíricos que contribuyan a mejorar la pregunta formulada.
Una campaña de sensibilización
Estas acciones, sin embargo, por sí solas son insuficientes. La posibilidad de estimar la magnitud real de la población indígena dependerá también de la conciencia étnica que tengan y de la medida en que los pueblos indígenas perciban el censo como un instrumento legítimo.
Un aspecto clave para ello es asegurar la participación de las organizaciones indígenas en todo el proceso de recolección de la información así como en las campañas de sensibilización dirigidas a los integrantes de sus comunidades. Estas actividades deberían realizarse de manera bidireccional. Es decir, sensibilizar y capacitar a la población indígena pero también a los encargados del diseño, recolección y análisis de datos sociodemográficos a fin de que se comprendan la naturaleza de los grupos que se están estudiando y se mejoren los instrumentos en función de las especificidades étnicas.
Es necesario que el Estado, a través del Ministerio de Cultura y el INEI, gestione y destine el presupuesto necesario y trabaje articuladamente de forma oportuna para enfrentar el desafío que supone repensar la comunidad política y los mecanismos de inclusión ciudadana en los que hasta ahora se ha basado nuestro modelo de sociedad.
A nivel comparado, ha quedado demostrado que la campaña de comunicación juega un papel fundamental para el éxito del censo. Ecuador, el último país en hacer un censo con esta pregunta de autoidentificación, dedicó dos años a la campaña antes de su realización. Nuestro censo se hará en el 2017.Todavía estamos a tiempo pero requerimos empezar con una campaña de sensibilización lo antes posible.
Reflexión final
Conocer con mayor detalle la composición étnica de nuestro país es uno de los desafíos contemporáneos más importantes que tenemos. En la medida en que las identidades étnicas se construyen en base a diferentes aspectos, contar con dos o más preguntas que sean cada vez más precisas y pertinentes es indispensable para captar nuestra realidad pluriétnica. Ello requiere, sin lugar a dudas, además de un trabajo sostenido y creciente de revalorización de nuestras distintas identidades culturales. La contribución del censo a hacer visible a la población indígena es un importante paso en esta dirección.
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*Daniel Sánchez es el jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Publicado en Ideele Revista Nº 256, diciembre 2015.
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