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RELATOR ONU SEÑALA LA INSOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA EXTRACTIVISTA

En su informe sobre la visita que realizó al Perú, demanda respetar los derechos indígenas, en particular a la consulta y consentimiento.


Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y Saneamiento, emitió su informe sobre la visita al Perú que realizó en diciembre pasado. Este informe señala la insostenibilidad del modelo de desarrollo extractivista vigente, demanda respetar los derechos indígenas, en particular a la consulta y consentimiento, y que el Estado peruano ratifique el Acuerdo de Escazú.


“Se necesita un nuevo modelo de gobernanza del agua que sea coherente con los desafíos vigentes y las perspectivas que impone el cambio climático. El Perú afronta un futuro de creciente escasez de agua, especialmente de agua potable, debido al cambio climático, su distribución poblacional y flujos migratorios, la marginación de comunidades campesinas y pueblos indígenas y, sobre todo, la insostenibilidad del modelo de desarrollo extractivista vigente. En este contexto es necesaria una profunda reforma legal e institucional y un nuevo enfoque ecosistémico y de derechos humanos, que fortalezca una gobernanza participativa del agua”, dice el informe.


ONAMIAP entregó dos informes al Relator Especial Pedro Arrojo y se reunió con él en el marco de su visita al Perú con la participación de dirigentas y lideresas de nuestras bases organizativas. En esta reunión evidenciamos que el Estado sigue legalizando el despojo sistemático de nuestros territorios, lo que pone en grave riesgo a nuestras fuentes de agua y a nuestra integridad biológica, cultural y espiritual.

Este despojo incluye el otorgamiento sin consulta ni consentimiento de las autorizaciones de uso de agua en territorios colectivos de los pueblos indígenas u originarios; estas medidas administrativas que no están siendo objeto de consulta no solo vulneran el derecho a la libre determinación y al territorio de los pueblos indígenas, sino que afectan gravemente el acceso al agua, en la medida que la consecuencia inmediata es la privatización de este recurso ancestral fundamental para la supervivencia.

En su informe, el relator recomienda “transitar del tradicional enfoque de gestión del agua, como simple recurso productivo, a un enfoque ecosistémico y de derechos humanos, que permita garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas (…) y desarrollar un modelo de gobernanza democrática y participativa, entendiendo el agua como un bien común y no como una mercancía”. Esta gobernanza, indica, debe ser participativa y “respetuosa con los sistemas comunitarios y con los derechos, conocimientos y cosmovisiones indígenas”.


Pide también “ratificar el Acuerdo de Escazú como referencia mundial para promover participación, transparencia y acceso a la información en la gestión ambiental y en particular en la gestión de aguas”, así como “establecer una moratoria a nuevas concesiones mineras en cabeceras de cuenca, como zonas intangibles en las que no se otorgue ningún derecho de aguas”.


El informe expresa preocupación porque “según datos del Ministerio de Salud, más de 10 millones de peruanos y peruanas, es decir más del 31% de la población, sufren riesgo diario de contaminación por metales pesados, metaloides y otros tóxicos, con la demoledora precisión de que el 84% son niños y niñas”. Esto significa que “estamos ante un proceso de envenenamiento masivo que conduce a violaciones flagrantes y a gran escala de los derechos humanos”, especialmente en pueblos indígenas. Y demanda implementar mecanismos de reparación.


Destaca su recomendación de “promover las reformas legales pertinentes para que se reconozcan de forma efectiva lo estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, en particular su derecho a consulta y consentimiento libre, previo e informado antes de otorgar permisos a proyectos que afecten a los ecosistemas acuáticos en sus territorios”.


Pide, asimismo, garantizar la participación de los pueblos indígenas en pie de igualdad en la planificación de cuencas que excedan sus límites territoriales; reconocer de forma efectiva la autoridad de las autoridades indígenas y de las instituciones comunitarias en la vigilancia de sus ecosistemas acuáticos para preservar su buen estado y sostenibilidad. Y respetar los saberes, las prácticas y la gobernanza comunitaria de los pueblos indígenas en el diseño e implementación de proyectos relacionados con el agua y el saneamiento. En particular, “promover medidas que fomenten la representación igualitaria de las mujeres en instituciones como los Consejos de Cuenca y las Juntas Administrativas de Servicios de Saneamiento”.



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