Pronunciamiento ante la aprobación de la Ley de Amnistía: ¡La impunidad no pasará!

Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) condenamos con profunda indignación y absoluta firmeza la aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Congreso de la República. Esta norma infame, que pretende liberar de toda responsabilidad a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa procesados o sentenciados por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno (1980–2000), es una traición a la memoria de nuestras víctimas, una bofetada a la verdad y una legalización abierta de la impunidad.

No olvidamos. No perdonamos. Las mujeres indígenas fuimos víctimas de la violencia de Sendero Luminoso, sí, pero también, y de manera sistemática, de la violencia del Estado. Nuestros territorios, tanto amazónicos como andinos, fueron escenario de un conflicto que nos era ajeno. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) lo dejó claro: el 75% de las víctimas fatales hablaban quechua, asháninka u otro idioma indígena u originario. El 79% vivía en territorios rurales olvidados por el Estado. Nuestras hermanas fueron violadas, esterilizadas a la fuerza, asesinadas o desaparecidas. Aún seguimos buscándolas.

Nuestros territorios fueron ocupados militarmente, no para protegernos, sino para vigilarnos, controlarnos y criminalizarnos. En territorios amazónicos como el VRAEM, el Alto Huallaga, la Selva Central y el río Ene, y en territorios andinos como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Junín y Puno, comunidades enteras fueron arrasadas bajo la lógica de “el enemigo interno”. En vez de hospitales y escuelas, llegaron helicópteros y fusiles. La militarización no significó protección: fue ocupación violenta, castigo y silencio.

Ahora, con esta ley, el Estado peruano vuelve a ensañarse con nuestros pueblos. Lo hace con el mismo desprecio racista que permitió la ejecución de esterilizaciones forzadas en los años noventa, principalmente en mujeres indígenas u originarias, que fueron intervenidas sin información, sin consentimiento y bajo amenazas. Lo hace repitiendo el mismo patrón de impunidad impuesto por la dictadura de Alberto Fujimori, que amnistió a militares responsables de masacres como Barrios Altos y La Cantuta. Hoy, con 61 votos, el Congreso pretende nuevamente imponer el olvido por encima del derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

No aceptamos que se borre la historia. No aceptamos que se insulte el dolor de nuestras hermanas. No aceptamos que se entierre la memoria de nuestras madres y abuelas bajo leyes disfrazadas de “humanitarias”. Lo decimos con claridad: la impunidad no es justicia. Es violencia prolongada. Es revictimización institucional. Es una política deliberada de negación del sufrimiento indígena, y de perdón selectivo para quienes cometieron crímenes de Estado. Y eso no lo vamos a permitir.

Esta ley viola abiertamente los compromisos internacionales asumidos por el Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sentenciado de forma contundente que las leyes de amnistía para crímenes de lesa humanidad son inadmisibles en tanto excluyan de responsabilidad para impedir investigación y sanción de los responsables de desapariciones forzadas, torturas o ejecuciones extrajudiciales. Por tanto, exigimos su derogación inmediata. Exigimos que se respete el derecho de los pueblos indígenas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Exigimos que se cumplan las recomendaciones de la CVR, tantas veces ignoradas, tantas veces postergadas.

No puede haber reconciliación sin justicia. No puede haber democracia con impunidad. No puede haber paz mientras las mujeres indígenas sigamos siendo silenciadas, ignoradas y violentadas desde el poder.

¡Ni perdón ni olvido! ¡Memoria, justicia y reparación para nuestros pueblos andinos y amazónicos!