El domingo 27 de febrero, en horas de la madrugada, agentes policiales de la comisaría de Pichanaki (selva central de Junín) ingresaron violentamente a la comunidad nativa Waypancuni del pueblo Asháninka so pretexto de ubicar una moto lineal robada. A esta nota no se puede acompañar videos o fotos de ese violento accionar, pues los policías redujeron con violencia a todos los comuneros y comuneras que encontraron, sin importar si eran autoridades o no, o si estaban implicados o no en el delito que venían investigando.
Como consecuencia de esta arbitraria irrupción en territorio comunal, se llevaron detenido ilegalmente a un comunero que brindaba el servicio técnico de mecánica por presuntamente haber identificado una moto robada en su taller. Horas más tarde el presunto autor del delito apareció en la comunidad, la cual, en ejercicio de su jurisdicción especial y mediante su asamblea, lo sancionó y comunicó a la comisaría para que lo procese de acuerdo con el derecho ordinario. Sin embargo, los efectivos policiales no se dispusieron a recurrir a la comunidad, sino que por el contrario solicitaron que sea la comunidad quienes se encarguen del traslado del peligroso sujeto.
Denunciamos el accionar arbitrario de los agentes policiales, quiénes vulneraron la propiedad de la comunidad nativa ingresando violentamente a su territorio y sin identificarse ni portar vehículos oficiales. Este es un accionar sistemático de la Policía, quienes no respetan la autonomía de las comunidades nativas y campesinas ni el ejercicio legítimo a la jurisdicción indígena, reconocido en el artículo 149 de la Constitución política y los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT.
Denunciamos también que el ejercicio de la fuerza policial es muchas veces utilizado para perseguir y criminalizar indígenas y no para los fines de administración de justicia o garantizar derechos. Muestra de ello es que los agentes policiales no tuvieron ningún reparo en ingresar a horas de la madrugada violentamente en territorio comunal y detener arbitrariamente a un comunero inocente, sin embargo, no recurrieron con celeridad ante el llamado de la comunidad, cuando las autoridades indígenas habían detenido al sospechoso del delito.
Asimismo, denunciamos que las autoridades policiales y fiscales no garantizaron el derecho a la defensa del comunero detenido, pues lo retuvieron más de 14 horas, donde le pedían que brinde su declaración de los hechos, pero sin garantizarle un abogado público de oficio. Fue la organización comunal la que tuvo que movilizar recursos que no tenían para poder garantizar un abogado privado y así lograr que el comunero pudiera ser liberado.
Exigimos que los operadores de la justicia ordinaria coordinen permanentemente con las autoridades indígenas, no es posible que en un estado de derecho no se respete los derechos colectivos a la autonomía, propiedad comunal y jurisdicción indígena de los Pueblos Indígenas.
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