Fueron más de veinte años de espera, pero al fin el Quinto Juzgado Constitucional de Lima resolvió que el Ministerio de Justicia “emita la resolución ministerial correspondiente reconociendo el derecho constitucional a la reparación integral a las víctimas de esterilización forzada”. Es nuestra tarea ahora vigilar que esta resolución judicial se cumpla y que los responsables políticos sean procesados y condenados por este crimen.
Ha quedado claramente establecido que no se trató de un “programa de planificación familiar” sino de una política sistemática que vulneró los derechos fundamentales de decenas de miles de mujeres, la mayoría indígenas. Fueron ellas mismas quienes la denunciaron, llevando el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las mujeres indígenas no desmayamos en nuestra lucha por la justicia. Hubo muertas, otras muchas con daños de salud irreparables. La anticoncepción quirúrgica era realizada no solo sin autorización, sino en las peores condiciones sanitarias y sin seguimiento alguno a las intervenciones. A ello se sumaba la estigmatización que enfrentaron muchas de las mujeres indígenas esterilizadas en sus familias y comunidades.
El Ministerio de Salud de la dictadura fujimorista imponía un número mínimo de esterilizaciones a su personal. Los responsables políticos son el exdictador Alberto Fujimori y sus ministros de Salud que implementaron esta política desde 1995. De acuerdo con investigaciones independientes, se practicó un total de 272,028 ligaduras de trompas.
Muchas puertas se cerraron en este largo camino de exigencia de justicia y reparación. La propia Comisión de la Verdad y Reconciliación no las consideró víctimas de violencia, lo que les negó el derecho a la reparación. La Resolución del Quinto Juzgado Constitucional al recurso presentado por Inés Condori Anaya, María Mogollón, Félix Rojas, Horacio Pacori, Raquel Reynoso y Romy García contra el Ministerio de Justicia concede la reparación. El siguiente paso es lograr la justicia.
Para hacer efectiva esta reparación, el Ministerio de Justicia deberá garantizar la participación efectiva de las asociaciones de víctimas y las organizaciones que las defienden en el diseño, creación e implementación de esta política. Desde ONAMIAP estaremos vigilantes y llamamos al conjunto de los movimientos sociales a sumarse a esta vigilancia, para que la resolución judicial no se quede una vez más en el papel.
¡Reparación efectiva y justicia ahora!
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