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Organizaciones indígenas exigen que la Comisión Multisectorial de Consulta Previa garantice derechos

Las organizaciones indígenas nacionales que participamos en la Comisión Multisectorial de Consulta Previa remitimos una carta al Viceministerio de Interculturalidad para reiterar la propuesta de modificación del decreto supremo que crea dicha Comisión y presentamos observaciones a su Informe Técnico.


Durante la última sesión de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la Aplicación del Derecho a la Consulta, realizada el 1 de junio, el Ministerio de Cultura presentó el Informe Técnico Anual de la Comisión, correspondiente al año 2022. Pero este informe no contenía ninguna de las propuestas que las organizaciones indígenas hemos presentado, por lo que el informe no fue aprobado por las organizaciones y solicitamos un plazo para presentar las observaciones.


Tales aportes fueron alcanzados por las organizaciones indígenas mediante la Carta N°0050-2022/ONAMIAP/LIMA, en la que solicitamos acciones de seguimiento para la implementación de la sentencia de acción popular N°29126-2018, que ordena al Estado realizar procesos de consulta previa para los servicios públicos que puedan afectar derechos de pueblos indígenas. Y acciones de seguimiento para la implementación de la consulta previa legislativa.


Aunque desde el año 2022 las organizaciones indígenas nacionales participamos en la Comisión Multisectorial, evidenciamos la asimetría de las condiciones de la participación indígena en relación con los demás sectores, ya que no se cuenta con un equipo técnico garantizado por el Estado que dé soporte en, por ejemplo, las actividades de revisión de los más de 1000 acuerdos de los procesos de consulta realizados para corroborar si habían sido cumplidos o no por el propio Estado.


En este punto, las organizaciones indígenas consideramos que, antes que evaluar la calidad de los acuerdos, es más importante tener un mecanismo de monitoreo, control y sanción sobre el cumplimiento de los acuerdos de los procesos de consulta, por parte de los sectores correspondientes.


Las organizaciones indígenas somos muy críticas de este espacio multisectorial porque no garantiza nuestros derechos, esto debido principalmente a que las funciones y objeto de la Comisión fueron modificados sin seguir los procedimientos de consulta previa y sin el consentimiento de los pueblos indígenas, pese a que el Estado tiene la obligación de implementar la consulta previa antes de la aprobación de medidas que puedan afectar los derechos de los pueblos, más aun tratándose de una norma relativa a este derecho.


En dicha comunicación enviada al Viceministerio de Cultura se incluyó la propuesta de modificación del Decreto Supremo Nº 021-2013-PCM que crea la Comisión Multisectorial, para que esta instancia recupere su objeto y funciones necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la Consulta Previa:


Para ello, proponemos lo siguiente:

  • Artículo 1.- Creación y Objeto de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente. Créase la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para la aplicación del Derecho a la consulta, la cual depende del Ministerio de Cultura, que tiene por objeto efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación del derecho a la consulta, conforme a los estándares internacionales de este derecho.

  • Artículo 3.- Funciones La Comisión Multisectorial desarrollará las siguientes funciones:

  1. Evaluar las políticas orientadas a implementar el derecho a la consulta previa, libre e informada de conformidad con los estándares internacionales.

  2. Proponer normas y políticas para garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada.

  3. Establecer un mecanismo de control del cumplimiento de los acuerdos arribados en los procesos de consulta.

Hoy más que nunca, este espacio multisectorial de toma de decisiones es una necesidad imperante, en la medida que la mayoría de los sectores del Estado no implementan la consulta previa, e incluso en muchos casos desconocen la naturaleza de esta obligación estatal. Muestra de ello es que los pueblos indígenas hemos tenido que iniciar procesos judiciales contra el Ministerio de Cultura, ente rector en materia de pueblos indígenas, para ratificar su obligación de garantizar la consulta previa.



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