Ante la aprobación del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM para la reactivación económica de determinados sectores, sin consultar ni dialogar con nuestros pueblos indígenas, el 3 de mayo remitimos una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que reitere al Estado peruano la obligación de consultar y obtener el consentimiento de nuestros pueblos indígenas antes de emitir medidas que nos afecten y que pueden vulnerar aún más nuestra vida y nuestros derechos.
Foto: Grupo El Comercio.
A pesar de que las actividades extractivas de la gran minería e hidrocarburos se realizan principalmente en nuestros territorios ancestrales, el Estado peruano no incluye a los pueblos indígenas en el diálogo y la consulta sobre diversas medidas. Como muestra de ello, el Gobierno emitió el 3 de mayo el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM para la reactivación económica de determinados sectores, a través de medidas que amenazan aún más nuestra salud, vida e integridad. Basta recordar el resultado que viene dejando la continuidad de las actividades mineras durante esta cuarentena: 210 trabajadores infectados con COVID-19 de la empresa minera Antamina y 26 contagiados en las empresas mineras Hudbay y Glencore, provocando un foco de contagio en los territorios indígenas o aledaños donde operan.
Ante esta constante vulneración de nuestros derechos individuales y colectivos, como es la consulta previa, el mismo 3 de mayo, desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), remitimos una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le reitere al Estado peruano la obligación de consultar y obtener el consentimiento de nuestros pueblos indígenas previamente a emitir medidas que nos afecten. Del mismo modo, le reitere la recomendación de “Abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia (…)”.
Asimismo, le recuerde al Estado peruano su obligación internacional de garantizar nuestra participación en un espacio de interlocución multisectorial entre organizaciones indígenas y representantes del Estado con poder de decisión, y en el Comando Covid-19.
Este llamado a la CIDH se da en el marco de su Resolución N° 1/2020 y su recomendación a los Estados con relación a extremar las medidas de protección de los derechos de los pueblos indígenas en la emergencia sanitaria.
Desde ONAMIAP, recalcamos que no es la primera vez el Gobierno nos invisibiliza: tampoco incluyó a los pueblos indígenas en la estrategia sanitaria para atender la actual crisis (Comando COVID-19). Ello, a pesar de que, desde el inicio de la cuarentena, las organizaciones indígenas hemos pedido públicamente dialogar con el Poder Ejecutivo y ser parte de la solución con nuestras propuestas interculturales ante esta emergencia, garantizando la protección de nuestros derechos fundamentales.
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