A través de una reunión Bilateral con la CIDH, desde ONAMIAP, informamos sobre la situación de las mujeres indígenas en el Perú en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
El 15 de julio, como ONAMIAP participamos en una reunión bilateral con las comisionadas Antonia Urrejola y Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo fue informar sobre la situación de las mujeres indígenas en el Perú en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, que ha agudizado y mostrado las deficiencias en la atención de salud pública, así como la falta de centros de salud, personal de salud, medicamentos, oxígeno y atención con pertinencia cultural en nuestros territorios tanto en los Andes como en la Amazonía. En ese marco, también altertamos sobre la amenaza de vulneración al derecho a la consulta que existe en nuestro país, por parte del estado Peruano, al promover la implementación de este derecho durante la pandemia, que no solo podría ser virtual, sino que sigue sin ser adecuado a los estándares internacional en derechos indígenas.
En relación al derecho a la educación, denunciamos el abandono en el que se encuentran nuestras niñas, niños y adolescentes que a la fecha no han podido iniciar su año escolar y cómo esta situación va a generar altas tasas de deserción escolar. Y es que, la educación virtual que el Estado ha pretendido implementar no ha considerado las grandes brechas digitales en gran parte de nuestras comunidades.
Respecto de la crisis económica que viene generando la pandemia, informamos sobre cómo ello ha impactado en nuestras economías locales que se dedicaban al comercio de nuestros productos, turismo y la cultura. Por ello, hicimos énfasis en la importancia de un bono comunal para fortalecer nuestras economías.
Finalmente, sobre los casos de violencia contra las mujeres indígenas, informamos que a la fecha no existe un servicio permanente de atención en las comunidades indígenas. Esto significa que si una hermana indígena quiere denunciar violencia, tendrá que recurrir a las capitales, incurriendo en gastos de traslado y aumentado el riesgo de contagio.
Frente a todo lo informado, desde ONAMIAP solicitamos a la CIDH que vigile el cumplimiento de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas en Perú y exhorte al estado Peruano el cumplimiento de su rol de garante de derechos. ¡Seguimos en resistencia!
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